El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, informó que después del millonario fraude al fisco detectado en Carabineros se realizó una masiva fiscalización a 320 reparticiones públicas y que “de inmediato” se detectaron problemas en 114 de ellas, por lo cual cinco jefes de Finanzas o de Administración fueron denunciados a la fiscalía.
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En entrevista con La Tercera, la máxima autoridad del ente contralor que acaba de celebrar 90 años de existencia, declaró que “a propósito del escándalo de Carabineros, instruí que con prioridad nacional íbamos a realizar una auditoría en servicios que tuvieran grandes cantidades de presupuesto y a los movimientos que habían hecho los jefes de Administración y Finanzas. Hicimos un primer barrido sobre 320 servicios y detectamos inmediatamente que había 114 casos con problemas. Esto es una información nueva”.
“Descubrimos situaciones tan anómalas como cónyuges de esos funcionarios con grandes patrimonios. Patrimonios que estamos hablando son de miles de millones de pesos. Encontramos anomalías en personas que, no obstante tener una remuneración bastante buena dentro de la administración pública, no tienen nada a su nombre. Eso ya parece una cosa un poco rara. Y nosotros hoy día (jueves 23) le remitimos estos antecedentes al Ministerio Público, para que los investigue en el ámbito penal”, añadió.
Explicó que “en 114 servicios detectamos situaciones anómalas y hay cinco casos donde detectamos que, eventualmente, puede haber un delito. Y esos son los que estamos informando a la fiscalía, los otros los vamos a seguir investigando. Encontrar, por ejemplo, que una persona que tiene un patrimonio de miles de millones de pesos evidentemente que es una situación que amerita, por lo menos, poner una alerta en esa situación. Estamos hablando del cónyuge de un funcionario público. Entonces, tenemos que investigarlo”.
“Pero lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que estos trabajan. Esa es una situación que por lo menos merece investigación. Esa una situación que tiene visos de eventual delito de negociación incompatible, lo mínimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Público para que a través de sus facultades intrusivas ellos puedan investigar”, enfatizó Bermúdez.
También advirtió que “nosotros vamos a ejercer todas nuestras facultades. Y la Contraloría tiene la facultad también de ejercer acciones judiciales. Entonces, en este caso, cuando avance la investigación y si detectamos que hubo perjuicio fiscal, vamos a querellarnos. Y va a ser, probablemente, la primera vez que la Contraloría en 90 años ejercerá esa facultad”.
