Los parlamentarios venezolanos, de mayoría opositora, ya no poseen inmunidad debido a un fallo del máximo tribunal que autoriza al presidente Nicolás Maduro a buscar su enjuiciamiento, incluso por delitos militares y terrorismo.
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El detonante de la sentencia fue un acuerdo aprobado el 21 de marzo por el bloque opositor, que pidió a la OEA convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.
Misma instancia que se reunirá este martes en Washington a solicitud de un grupo de países -incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México- para discutir sobre la profunda crisis política y económica venezolana.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que los asambleístas carecen de inmunidad por estar en desacato, según un fallo que anuló el acuerdo legislativo por petición de la bancada chavista.
«La inmunidad parlamentaria solo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)», indica la sentencia.
A inicios de 2016, esa corte declaró en desacato a la Asamblea por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral.
Justicia militar
Con esa declaratoria, el TSJ -señalado por la oposición de servir al gobierno de Maduro- ha anulado todas las decisiones de la cámara, órgano que asegura que ya cumplió con la separación de los legisladores y que en realidad el propósito es desconocerla.
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«El gobierno quiere meterle miedo a los diputados con que nos va a meter presos. Irá a meter presos a 30 millones de venezolanos que quieren que el país cambie, que quieren votar», dijo Stalin González, jefe de la fracción opositora.
El tribunal fue más lejos al ordenar a Maduro tomar «las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción».
Y en el marco del estado de excepción vigente desde 2016, y debido al desacato, habilitó al mandatario para que garantice la estabilidad democrática apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el «código de justicia militar».
La corte se alineó con el gobierno al considerar que el pedido del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de sancionar a Venezuela, va «en detrimento de los principios democráticos y de igualdad» del organismo.
