El presidente Michel Temer se sentará en el banquillo junto a la ex presidenta Dilma Rousseff, a quien acompañó como vicepresidente durante cinco años y medio, hasta agosto pasado, cuando ella fue destituida por graves irregularidades fiscales y el actual mandatario heredó el cargo.
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El juicio que comenzará el próximo martes en el Tribunal Superior Electoral dictaminará sobre supuestos abusos económicos en la campaña que en 2014 llevó a la reelección de la fórmula Rousseff-Temer, que se habría financiado en parte con dinero procedente de la vasta red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
Abiertamente enemistados desde que empezó el trámite que desalojó a Rousseff del poder, ambos acusados se defienden por separado, pero coinciden en negar las acusaciones y en demandar que el juicio sea anulado por «falta de pruebas» y supuestos vicios procesales.
Tienen, sin embargo, sus diferencias y la principal radica en que la defensa de Temer exige que las cuentas de campaña de uno y otro sean juzgadas por separado, pues alega que el actual mandatario tuvo sus propias finanzas y en que ellas no existen irregularidades, como sí las habría en los balances de gastos presentados por Rousseff.
Entre los documentos que incriminan a la campaña figuran unas declaraciones dadas por ex directivos del grupo Odebrecht, implicado en la trama corrupta de Petrobras, según las cuales, Rousseff «sabía» del origen ilícito de sus donaciones electorales.
En cuanto a Temer, esos testimonios dicen que solicitó aportaciones de Odebrecht para la campaña del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que presidía en la época, pero también que no se involucró en la definición de los valores, como sí lo habría hecho Rousseff.
El tribunal ha anunciado que las primeras cuatro sesiones se celebrarán durante la próxima semana, a partir del martes, pero el propio presidente de la corte, Gilmar Mendes, ha advertido de que es «imposible» precisar cuándo concluirá.
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Mendes ha explicado que se trata de un caso complejo, inédito en el país, ya que si bien es común que alcaldes o gobernadores sean juzgados y hasta destituidos por irregularidades electorales, jamás ha sido procesada una fórmula que llegó a la Presidencia.
Además, una sentencia condenatoria del tribunal electoral puede ser apelada primero ante esa instancia y luego, si fuera ratificada, ante la Corte Suprema, lo cual abriría el camino a «recursos y más recursos», que es lo que Temer ya ha anunciado que hará en ese caso.
Analistas jurídicos calculan que el trámite, hasta llegar a una sentencia definitiva, pudiera adentrarse en 2018 y concluir a fines de ese año o el siguiente, con lo cual Temer llegaría a concluir el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
Lo haría, sin embargo, en la condición de «sub júdice», figura que define la situación de quien espera una sentencia definitiva, incómoda para un presidente, pero en la que actualmente se encajan dos gobernadores y decenas de alcaldes brasileños.
El gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, es el caso más notorio por la importancia de ese estado, uno de los emblemas de Brasil ante el mundo.
Está en el cargo desde 2014, pero en diciembre pasado su elección fue anulada por abuso económico y de poder durante su campaña y, sin embargo, todavía ejerce como gobernador pues el proceso depende de diversas apelaciones en trámite, que pueden llevar meses hasta ser juzgadas.
En la misma situación se encuentra el gobernador del amazónico estado de Pará, Simao Jatene, quien esta misma semana fue declarado culpable de los mismos delitos que Pezão en la justicia electoral regional.
Igual que el gobernador de Río de Janeiro, Janete permanecerá al frente de la administración regional de Pará hasta tanto la justicia decida sobre las múltiples apelaciones que ya prepara.
