La resolución fue aprobada por «consenso» de los 21 países presentes (de los 34 Estados activos de la OEA), con las abstenciones de Belice, Bahamas, República Dominicana y El Salvador en una sesión de urgencia ante la agravada crisis institucional en Venezuela.
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Caracas reaccionó de inmediato, denunciando una «destrucción» de la OEA.
«Venezuela denuncia (…) un hecho sin precedentes dirigido a la destrucción de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el cual un grupo de gobiernos en complicidad con la Secretaría General, han perpetrado la toma de la Presidencia del Consejo Permanente para imponer a la organización y a los demás estados miembros su propia agenda ilícita», señaló la cancillería venezolana en un comunicado.
En protesta por la reunión, la representación diplomática de Caracas y sus aliados Bolivia y Nicaragua denunciaron un «golpe de Estado» contra la organización continental y abandonaron la sala, en la sede de la OEA, en Washington.
La sesión había sido convocada por 20 países con carácter de urgencia para discutir el caso venezolano, debido a la crisis generada por la decisión del máximo tribunal de ese país de atribuirse facultades legislativas y retirar la inmunidad a los parlamentarios, en fallos luego parcialmente anulados.
La resolución, impulsada por Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Chile y Colombia entre otros, declaró que las sentencias «son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional» de Venezuela.
Aunque reconocieron la revisión de las decisiones por el tribunal, los países instaron al gobierno venezolano asegurar la «plena restauración del orden democrático».
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Carta Democrática «activada
La Organización también resolvió acompañar la situación venezolana mediante la implementación de «mecanismos interamericanos» para la «preservación de la democracia» en Venezuela, conforme a la Carta Democrática Interamericana.
«La Carta Democrática ha sido de nuevo activada», dijo el embajador colombiano, Andrés González.
Creada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para intervenir en un Estado miembro, en caso de «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático». En caso extremo podrían terminar con la suspensión del país de la OEA.
En la sesión, la canciller argentina Susana Malcorra, a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, acotó que el esfuerzo diplomático para mediar en Venezuela «no es en ningún sentido injerencista».
La reunión del Consejo Permanente, la tercera en una semana sobre la crisis venezolana, estuvo a punto de no ocurrir.
Tras asumir formalmente la presidencia del Consejo Permanente este lunes, Bolivia decidió suspender la sesión argumentando que la convocatoria había sido «inconsulta» y denunciando «imposiciones».
Pero una mayoría de países protestó y acordó proseguir con las discusiones, superando el quorum necesario (al menos 12 Estados) y aplicando un inusual artículo del reglamento del Consejo que faculta al embajador más antiguo cubrir la ausencia del presidente o el vicepresidente.
De esa manera, el diplomático hondureño Leonidas Rosa Bautista se prestó para dirigir el debate.
«De nuevo OEA convertida en Ministerio de Colonias. Se produce un golpe institucional al impedir el ejercicio de la presidencia de Bolivia», protestó el presidente boliviano Evo Morales en Twitter.
Tensión con Uruguay
El fin de semana el Mercosur exhortó a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a respetar el cronograma electoral previsto.
En respuesta, el presidente Nicolás Maduro advirtió el domingo que Venezuela «no se deja ni se dejará» agredir jamás por la OEA ni el Mercosur.
La declaración de Mercosur marcó un cambio de Uruguay a posiciones más duras respecto a Venezuela, a lo que Maduro respondió acusando al canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa de «coordinar» con Estados Unidos «agresiones contra Venezuela.
Este lunes, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, pidió a Maduro que presente «pruebas» de la acusación o «se retracte públicamente».
La confusión se desató en Venezuela desde que los magistrados se adjudicaran las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y retirara la inmunidad de los diputados.
Tras un fuerte rechazo internacional y la presión de la oposición que denunció un «golpe de Estado» y la intervención de la fiscal general, Luisa Ortega, que denunció una ruptura del orden constitucional, el máximo tribunal anuló parcialmente esos fallos tras un pacto entre los poderes públicos al que no acudió la cabeza del parlamento opositor.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó la resolución, subrayando la «seriedad» de la situación en Venezuela, donde denuncia la presencia de un centenar de «presos políticos».
«El gobierno de Venezuela ha tenido mucho más oportunidades que los países a los que se le ha aplicado Carta Democrática», dijo el excanciller uruguayo.
La aprobación de la resolución constituye el paso más drástico de la comunidad continental desde el inicio de la crisis institucional venezolana hace un año.
Varios de esos países han llamado a Venezuela a liberar sus «presos políticos» y a fijar un calendario de elecciones, que incluya los comicios regionales suspendidos indefinidamente el año pasado.
Pero Caracas rechaza cualquier intervención de la OEA y denuncia un intento de injerencia liderado por Estados Unidos.
