En Valparaíso, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, interpuso una querella contra el exasesor de la diputada UDI Marisol Turres, Matías Carrozzi, que el 21 de marzo último robó desde el interior del Congreso varias pertenencias de la secretaria de Estado, mientras ella se encontraba en la cafetería del recinto.
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La revisión de las cámaras de seguridad del Parlamento permitió confirmar que Carrozzi era el responsable del delito, por lo que fue detenido por la policía. El individuo devolvió las pertenencias de la ministra, pero ella decidió seguir adelante con la acción legal.
Alejandra Krauss dijo que al igual que cualquier persona, hizo uso de las facultades que la ley le permite a cualquier persona que ha sido víctima de un delito, y que por eso interpuso la querella contra Matías Carrozzi.
Ella dijo que su preocupación radica en que se puede haber sacado de su computador personal alguna información oficial (del Gobierno), y el uso que se le pudiera dar a esa.
“Como ciudadana de este país he ejercido las acciones que corresponden frente a la comisión de delitos, y por la eventual consecuencia de una participación en el uso de información de carácter privado. En el computador de una ministra de Estado existe información del ámbito público como del ámbito privado o familiar”, dijo la ministra Krauss.
Y agregó que “cualquiera sea el ámbito de estos, no puede bajo ninguna circunstancia ser vulnerada la privacidad. Eso es así de claro”.
De acuerdo a lo informado por el abogado que representa a Krauss en esta acción legal, Miguel Chavez, dijo que la Fiscalía ya puede realizar la investigación en torno a lo ocurrido, y también señaló que el hecho puede derivar en otro tipo de delitos, si es que se verifica que Carrozzi sacó información de Gobierno desde el aparato de la ministra.
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“La señora ministra ha tomado la decisión de, no solamente en su calidad de tal, sino que como ciudadana, solicitar al Ministerio Público que se investigue completamente qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que se pudo haber hecho con estos aparatos tecnológicos que fueron apropiados indebidamente y en forma ilegal (…) Nosotros entendemos que pueden otros delitos involucrados”.
El querellado arriesga, entre otro tipo de sanciones, una pena de cárcel efectiva.
