La justicia brasileña investigará a ocho ministros del gabinete del presidente conservador Michel Temer por el escándalo de corrupción en Petrobras, un proceso histórico que golpea a los principales partidos y desata otro sismo político en el gigante sudamericano.
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La lista divulgada por el Supremo Tribunal Federal (STF) toca al corazón del gobierno que ascendió tras la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff en 2016 y alcanza a 29 de los 81 senadores (más de un tercio de la cámara), a unos 40 de los 513 diputados y a tres gobernadores.
Temer ya anticipó que solo suspenderá transitoriamente a sus ministros si estos pedidos de investigación se convierten en denuncias de la fiscalía general y recién los forzará a renunciar si la corte suprema la acepta e inicia un juicio.
En esa delicada situación quedaron esta noche Eliseu Padhila, jefe de Gabinete; Wellington Moreira Franco, secretario general de la Presidencia -ambos del PMDB (conservador) de Temer; y el canciller Aloysio Nunes, del PSDB (centro), principal aliado de la coalición en el poder.
La nueva oleada está basada en las llamadas «delaciones de Odebrecht», la constructora que jugó un papel central en la trama que desvió más de 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal hacia la política.
Quienes conocen su contenido afirman que tiene potencial para cambiar el ya atribulado escenario político brasileño.
La lista de investigaciones autorizadas por la corte fue divulgada este martes por el portal Estadao, del periódico O Estado de Sao Paulo y horas después fue distribuida por el tribunal, pero sin mayores detalles. La falta de información oficial sobre la situación concreta de cada expediente generó dudas sobre la cantidad definitiva de autoridades investigadas, lo que dio lugar a reportes contradictorios en la prensa local.
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El propio Estadao modificó su lista inicial y redujo de 9 a 8 la cantidad de ministros, de 29 a 24 la de senadores y de 42 a 39 los diputados.
Temer y Lula
Temer ha sido rozado por los relatos de los 77 ex ejecutivos de la empresa que comandaba Marcelo Odebrecht, considerado un príncipe de la industria, que aceptó colaborar con la justicia luego de que el juez Sergio Moro lo condenara a 19 años y cuatro meses de encierro.
Según la Constitución, el actual presidente no puede ser investigado por supuestas ilegalidades cometidas previamente a su llegada al poder.
La ráfaga de Lava Jato golpea de lleno a los principales partidos políticos, a la izquierda y a la derecha.
Lula, en tanto, enfrenta cinco procesos judiciales vinculados directa o indirectamente al Lava Jato. El próximo 3 de mayo, el hombre que lidera los sondeos de intención de voto para las presidenciales de 2018 se verá cara a cara con su némesis: el magistrado de primera instancia Moro, devenido en ícono de la lucha contra la corrupción.
