Al menos unos 179 políticos brasileños recibieron ilegalmente 246 millones de reales (unos 78 millones de dólares) entre 2008 y 2014 por parte de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer sus intereses en el Congreso Nacional y Asambleas legislativas regionales, informaron este viernes los medios locales.
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Según divulgó el portal G1, Benedicto Barbosa da Silva, el ex ejecutivo de Odebrecht, entregó a la Fiscalía una tabla en las que se detallan todos los pagos realizados por la constructora a los políticos, dentro del acuerdo de colaboración entre la Justicia y los 77 ex directivos de la constructora en el marco del caso Petrobras.
La mayoría de los pagos fue mediante «caja 2», la financiación ilegal de campañas electorales, aunque también hay 111 pagos a políticos que no estaban concurriendo a cargos públicos en las elecciones.
Entre los beneficiados, está el actual gobernador de Sao Paulo (el estado más poblado y rico de Brasil), Geraldo Alckmin; el actual gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao; o su antecesor en el cargo, Sérgio Cabral, quien está preso desde finales del año pasado.
También aparece como beneficiario el actual ministro de Ciencia y Tecnología y exalcalde de Sao Paulo, Gilberto Kassab, así como el diputado federal Julio Lopes, quien recibió 91 pagos.
Barbosa fue uno de los 77 ex directivos de Odebrecht que relató las corrupciones de la empresa ante la Justicia a cambio de tener una rebaja en su condena.
Las declaraciones de Barbosa fueron volcadas en un disco duro de 1 terabyte entregado a los medios por la Corte Suprema, con un millar de vídeos en que los ex directivos de Odebrecht relatan durante más de 50 horas detalles de la red de corrupción.
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Según cálculos del propio Supremo hechos a partir de lo narrado por los 77 ex directivos de la constructora y Emilio Odebrecht, patriarca de la familia, solo ese grupo distribuyó coimas por un valor cercano a 450 millones de reales (145 millones de dólares).
Ese dinero fue repartido entre los políticos y partidos en el poder, que están en la lista de un centenar de dirigentes que serán investigados por el Supremo o instancias judiciales inferiores.
Los relatos revelan desde financiación ilegal de campañas hasta «favores» en dinero para «retribuir» la obtención de obras públicas o la aprobación de leyes que favorecían los negocios de la empresa.
