Al caer la noche este viernes, algunas pequeñas protestas y brotes de disturbios se registraban en un sector de Petare y Palo Verde, el este de Caracas, y en Macuto, en el vecino estado Vargas.
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Fuerzas de seguridad lanzaron gases para disperar focos de protesta en Palo Verde, donde manifestantes quemaron barricadas de desechos. Hombres armados en moto recorren calles causando pánico, dijeron testigos a la AFP.
La Fiscalía confirmó que 11 personas fallecieron entre el jueves y viernes en El Valle, suroeste, y otra en la favela Petare, este de la capital.
Habitantes de El Valle describieron los disturbios como una batalla campal que duró hasta la madrugada, con tiroteos, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
«Parecía una guerra. La guardia nacional y la policía lanzaban gases, civiles armados disparaban contra los edificios. Mi familia y yo nos tiramos al piso», narró a la AFP un constructor de 33 años, quien vive en el lugar.
En un hospital de maternidad, cerca de medio centenar de niños debió ser evacuado en medio del caos, bajo nubes de humo de barricadas de desechos y gases lacrimógenos.
La oposición realizará el sábado una «marcha del silencio» hacia las sedes de la Conferencia Episcopal por los fallecidos, y para el lunes llamó a un «trancón nacional», un bloqueo de vías, entre temores de que la violencia continúe.
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– Acusaciones mutuas –
El gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia que deja, además de los 20 fallecidos, cientos de detenidos y heridos desde que iniciaron el 1 abril para exigir elecciones generales.
Según el gobierno, bandas armadas «contratadas por la oposición» atacaron el hospital materno infantil, pero sus adversarios sostienen que el desalojo se debió a los gases lanzados por la policía militarizada para controlar los disturbios.
Jorge Rodríguez, alcalde oficialista del municipio Libertador, el mayor de Caracas, tildó a dirigentes opositores de «bestias sedientas de sangre», al asegurar que «querían quemar vivos a niños y niñas».
El vicepresidente Tareck El Aissami dijo que estaba en marcha «una espiral terrorista» para propiciar un «golpe de Estado».
Pero el líder opositor Henrique Capriles responsabilizó «a la cúpula madurista, con sus esbirros, con sus grupos paramilitares», por ordenar «una represión salvaje».
«La violencia la ha sembrado el gobierno. No puede venir ahora a escurrir su responsabilidad. ¿Cuál es la solución? el voto», declaró el jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges.
– Tensión y preocupación mundial –
La alta tensión en Venezuela despertó inquietud internacional. Once naciones latinoamericanas, la Unión Europea y Naciones Unidas pidieron al gobierno venezolano garantizar las protestas pacíficas.
La canciller Delcy Rodríguez calificó este viernes de «inmoral» la solicitud de los gobiernos latinoamericanos y les pidió condenar «la violencia opositora».
Estados Unidos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien tilda a Maduro de «dictador», han lanzado duras advertencias al gobierno chavista, al que acusan de «represor».
«La violencia en Venezuela es alentada por Almagro y los gobiernos alineados con planes intervencionistas del departamento de Estado de Estados Unidos», dijo Rodríguez.
En tanto, el jefe de la OEA criticó la «cobardía» del gobierno de Maduro.
«Cuando el liderazgo político da la orden de disparar contra el propio pueblo eso es una señal muy fuerte de cobardía y de debilidad de ese liderazgo político de este régimen venezolano», declaró Almagro a la AFP en Asunción este viernes.
– Elecciones sin fecha –
Las protestas se desataron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicara las funciones del Parlamento, único poder público controlado por la oposición. La presión internacional llevó a la anulación parcial de los fallos.
Maduro, cuyo mandato termina en 2019, asegura que la «derecha extremista venezolana» busca derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos; pero la oposición insiste en que quiere sacarlo del poder por la vía electoral.
Las elecciones de gobernadores debieron realizarse en 2016, pero fueron suspendidas y aún no tienen fecha, las de alcaldes están pautadas para este año y las presidenciales para diciembre de 2018.
Aunque Maduro dice estar ansioso por medirse en elecciones, ha descartado un adelanto de las presidenciales y pide a sus adversarios dialogar y abandonar «la agenda golpista».
Según encuestas, siete de cada diez venezolanos reprueban al gobierno, asfixiados por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI estima en 720,5% este año, la más alta del mundo.
