En declaraciones a la prensa, Ortega Díaz remarcó que el debido proceso «es uno de los pocos derechos que no se puede suspender» y por el contrario «se debe garantizar» «incluso en los estados de excepción», como el que rige en Venezuela desde hace meses por dictamen del jefe de Estado, Nicolás Maduro.
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En este sentido, aseguró que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) ha solicitado la libertad plena y medidas cautelares a favor de varios detenidos, sin precisar cuántos, «por no formar parte de acciones delictivas de algunos hechos, al menos así lo refleja las actas policiales».
Asimismo, remarcó que el organismo ha velado por la integridad de las personas que han sido aprehendidas «y en aquellos casos que se ha requerido la intervención de un médico, nuestros propios forenses han estado presentes realizando las experticias».
La fiscal narró el caso de 38 personas que fueron detenidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) el pasado 19 de abril durante una manifestación en el estado Nueva Esparta (noreste).
Indicó que durante esta operación «anómala» la policía científica recibió a estos detenidos y los trasladó a los calabozos sin conocer las circunstancias que provocaron estas aprehensiones.
«Por ninguna parte (se explica) cuál es la conducta que desarrolló la persona para aprehenderla», subrayó.
Ortega Díaz dijo que, por esta razón, el MP solicitó la nulidad de tales detenciones por carecer de sustento y que esta petición no fue acogida por el tribunal «quien optó por mantenerlos detenidos hasta la presentación de fiadores, sin que mediara la perpetración de un delito».
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«Este tipo de situaciones deben ser revisadas (…) el país necesita seguridad jurídica«, prosiguió la fiscal quien abogó por la certeza en estos procedimientos a fin de que «si la persona cometió un delito va a ser sancionada, pero si la persona no cometió un delito no puede ser sancionada», insistió.
Por otra parte, la funcionaria llamó a los sectores políticos a dejar de utilizar las descalificaciones del otro solo por pensar distinto, e hizo votos porque el país retome el proceso de diálogo nacional que fue suspendido en enero por el incumplimiento de los primeros acuerdos.
«Requerimos volver al diálogo con interlocutores válidos con poder de decisión para construir una agenda de acuerdos que permita salidas democráticas e institucionales que resguarden el estado de derecho», consideró.
Por otra parte, la semana pasada, el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, hizo un exhorto en nombre del Ejecutivo al Poder Judicial y al MP, a que con base en vídeos presentados por el Gobierno en el que señalan a opositores por la violencia en las protestas «cese la violencia», porque «solamente la Justicia puede conducirnos a la paz y a la victoria».
Ante esto, Ortega Díaz señaló hoy que la Fiscalía no es un órgano de seguridad ciudadana sino el titular de la acción penal y que el orden público corresponde a otros organismos.
Las declaraciones de la fiscal general son las primeras en persona que realiza desde que el pasado 31 de marzo afirmara que, a su juicio, se había roto el hilo constitucional en el país por dos sentencias del Supremo, que luego fueron aclaradas y parcialmente suprimidas.
Estos dictámenes de la Alta Corte han sido vistos por la oposición como un «golpe de Estado», lo que ha motivado decenas de protestas en todo el país que, según el balance presentado hoy por la fiscal, se han saldado con 26 muertos, 437 lesionados y 1.289 arrestos.
