La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzó este miércoles su estudio sobre la libertad de expresión a nivel mundial. En su versión 2017, los dos países con peor puntuación de la región fueron Cuba y México en los puestos 173 y 147, respectivamente.
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En esta lista que abre Noruega y cierra en la posición 180 Corea del Norte, 72 países se hallan en una situación «difícil» o «muy grave», como China (176) y Cuba (173), Rusia (148) México (147), Honduras (140) y Venezuela (137).
En el informe «Clasificación mundial de la libertad de prensa 2017» se describe la situación de la isla como «Cuba sigue siendo, año tras año, el país peor calificado en libertad de prensa de Latinoamérica. La muerte de Fidel Castro, en 2016, no produjo ningún cambio en esta república socialista de partido único: el régimen castrista, en el poder desde 1959, sigue monopolizando la información y no tolera voces independientes».
«Detenciones abusivas, arrestos, amenazas, campañas de descrédito, confiscación de material y cierre de sitios web, suelen ser las formas de un acoso omnipresente, reforzado por un arsenal de leyes restrictivas. Los blogueros y periodistas independientes deben ingeniárselas con el limitado acceso a Internet en la isla; en ocasiones se ven obligados a exiliarse para preservar su trabajo o su integridad física», agrega el documento desplegado en un interactivo sitio web.
Respecto al puntaje obtenido en 2016, Cuba bajó dos lugares. A diferencia de México, que si bien también tiene una mala calificación, logró subir dos posiciones, aunque aún se le describe como «el país más mortífero de América Latina para los periodistas. Cuando cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades (sobre todo de los gobiernos locales) o con el crimen organizado, los periodistas padecen intimidaciones, amenazas, pueden ser asesinados a sangre fría. Crímenes que suelen permanecer impunes. Esta impunidad se explica por la corrupción que reina en el país».
La situación en Venezuela
Si bien Venezuela mejoró dos puntos respecto al año anterior, el informe de este año considera que Nicolás Maduro «está empeñado en hacer callar a la prensa independiente. En repetidas ocasiones el presidente ha mencionado una “guerra mediática» para desacreditar a los medios de comunicación nacionales e internacionales que critican a su gobierno, lo que contribuye a reforzar el tenso clima en que trabajan los periodistas, en particular desde la crisis política y económica que comenzó en 2016″.
«Estamos muy preocupados (…) Desde hace mucho tiempo, y acompañando ahora la crisis en Venezuela, observamos que hay un control fuerte de la circulación de información por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que no tolera las críticas», afirmó este miércoles el director para América Latina de RSF, Emmanuel Colombié, al presentar el informe anual para la región en Rio de Janeiro.
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Los ejemplos en Latinoamérica bajaron: Chile y Uruguay
Uruguay es el país mejor evaluado en la región en la posición número 25 a nivel mundial, y se le describe como «un modelo en lo que se refiere a la libertad de información. En el país se despenalizaron los delitos de prensa. La legislación y los organismos que regulan los medios de comunicación comunitarios y el acceso a la información garantizan un ambiente de trabajo propicio para los periodistas».
Sin embargo, la razón por la que el país de costa atlántica bajó cinco posiciones respecto a 2016 se debe a que durante el año pasado, la organización «registró casos de amenazas, intimidaciones y presiones políticas contra periodistas que cubrían temas delicados, casos en los que estaban implicados miembros de la presidencia de la República».
En el puesto 33 se ubica Chile, país que fue tildado como «un modelo que se desmorona». Si bien solo bajó dos posiciones respecto al año 201, según el informe, el país «cuenta con una relativa estabilidad democrática, pero sigue siendo presa de problemas de corrupción y padeciendo los resabios de la dictadura. La concentración de los medios de comunicación limita el debate democrático. Asimismo, en los últimos años han sido cerradas algunas radios».
«En 2016 periodistas que investigaban casos de corrupción, en los que estaban implicadas personas cercanas a la presidenta Michelle Bachelet, enfrentaron juicios abusivos por difamación», afirma el informe.
