A contar de este sábado y por un período de 30 días, será el Servicio Nacional de Menores (Sename) quien se haga cargo del centro residencial Alihuén de la comuna de Buin, dejando atrás la tutela de la Fundación Coanil.
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La decisión fue determinada por el Juzgado de Familia de Buin, el que acogió un recurso presentado por los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh).
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La resolución se basó en los medios de prueba incorporados como registros digitales de video y audio en que se da cuenta de la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes que está bajo la tutela del Estado.
Tras esta decisión, el director del Indh, Branislav Marelic, indicó que estos hechos corresponden a una grave vulneración de niños y adultos con discapacidad .
En total, el instituto presentó tres acciones judiciales: un recurso de amparo ante la Corte de Apelacones de San Miguel, una querella criminal en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, y la tercera acerca de la que ya resolvió el Juzgado de Familia de Buin.
Dicha resolución ordena además la separación inmediata del equipo técnico del centro, conformado por su director, Gonzalo Recabarren, una sicóloga, una trabajadora social, una terapeuta y un educador de trato directo, quienes -según las pruebas expuestas- aplicaron contenciones físicas extremas a algunos adolescentes y adultos residentes con discapacidad intelectual severa.
Ellas consistieron en amarrarlos boca abajo en camillas, de pies manos y brazos por dos o tres horas.