- Director de Economía para todos – www.economiatodos.cl
Esta semana un reportaje de televisión dio a conocer que el Partido Socialista ha realizado inversiones en acciones de empresas chilenas desde 2004.
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Con los dineros $7.200 millones que el Estado le pagó entre 2000 y 2004 por concepto de indemnización por bienes expropiados durante la dictadura militar, el partido amasó una fortuna en la Bolsa de Santiago, la que a 2009 ya alcanzaba la suma de $13.794 millones.
Todo gracias a la compra de acciones de empresas cuestionadas por financiamiento irregular de campañas políticas y presuntos delitos tributarios, como SQM, Pampa Calichera, firmas vinculadas a la brasileña Petrobras o, bien, empresas cuyo valor depende ampliamente de las decisiones políticas que adopten las autoridades de turno, como empresas de agua potable, electricidad y autopistas.
Cualquier chileno tiene la opción de invertir en activos financieros con el objeto de incrementar su patrimonio. Una de estas opciones es la inversión en acciones de empresas, las cuales tienden a cambiar de precio día a día.
La estrategia de la mayoría es simple: comprar barato y vender caro a futuro. Muchos chilenos invierten en acciones de empresas sin saberlo. Y es que, recuerde que todos los trabajadores dependientes deben ahorrar un 10% de sus salarios mes a mes en una AFP, con miras hacia la vejez. ¿Qué hacen las AFP? Parte de esos recursos los invierten en acciones de empresas.
El problema surge cuando reflexionamos que un partido político puede favorecer enormemente a una compañía, muchas veces en desmedro de personas. Piense en todos los concejales y alcaldes que toman decisiones comunales, consejeros regionales o intendentes a nivel regional, diputados y senadores que aprueban o rechazan leyes que afectan o favorecen a una industria o negocio, o lisa y llanamente un presidente y su gabinete, que gobiernan un país durante 4 años.
Al respecto, las inversiones del PS representan un enorme conflicto de interés, toda vez que plantea la duda acerca de si el partido y sus autoridades trabajan, legislan y gobiernan en pos del bienestar de las personas o el de las empresas en que invierte.
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