Un informe de la Contraloría General de la República reveló irregularidades en la contratación de servicios de la cuprífera estatal por unos 31 mil millones de pesos.
Según informó La Tercera, el documento de 149 páginas es una auditoría realizada por el ente fiscalizador entre el 1 de enero de 2013 a diciembre de 2015.
El objetivo del organismo fue revisar los contratos administrativos suscritos por la empresa minera para analizar si esta cumple con la normativa legal vigente.
En este sentido, el texto de la Contraloría reveló que durante el período auditado, la mayoría de las adquisiciones se realizó por medio de licitación privada (45,4%) y asignación directa (19,35).
Del total de contrataciones efectuadas con empresas relacionadas, el 92,47% se estableció por asignación directa o trato directo.
“La situación señalada no se aviene con lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley N° 18.575, en cuanto a que los contratos administrativos se celebrarán, por regla general, previa propuesta pública, por lo cual la corporación deberá tender a que sus negocios sean realizados bajo dicha modalidad”, afirma el informe citado por el medio de comunicación.
Una de ellas es la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, que involucra más de $ 31 mil millones.
Según se informó los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público y se abrió una causa para indagar los presuntos delitos de negociación incompatible o fraude al fisco.
Esto a raíz de que el representante legal de la compañía «tenía vínculos con un directivo de Codelco, sin informar de dicha operación a este organismo de control ni a la Cámara de Diputados (…) existía una relación de parentesco por afinidad en segundo grado entre el señor Francisco Casas Cánepa, gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos, y el señor Fernando Vivanco Giesen, representante legal de esa empresa”.
Esto a raíz de dos contratos firmados por la empresa con la aludida cuestionada para el proyecto minero Chuquicamata subterránea en dos etapas del proyecto.
