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Oposición venezolana no da tregua: protestan con “gran plantón” en varias ciudades del país

Apostados en el asfalto o de pie ondeando banderas, grupos de opositores bloquean este lunes importantes vías de Venezuela para no dar tregua en su presión contra el presidente Nicolás Maduro, que encara una oleada de protestas desde hace seis semanas.

 

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Bajo el nombre de «gran plantón contra la dictadura», la jornada se extenderá por 12 horas hasta las 19H00 locales (23H00 GMT) en unos 50 puntos del país. En Caracas, en la neurálgica autopista Francisco Fajardo, donde algunos gritaban «¡Libertad!».

«Es un día de resistencia, de aguante, de mostrar organización y firmeza», declaró el diputado Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, subrayando que el objetivo es «generar una especie de ingobernabilidad».

Maduro enfrenta manifestaciones desde el pasado 1 de abril, que deja 38 muertos y cientos de heridos y detenidos, de los cuales un centenar, según organizaciones de derechos humanos, están siendo procesados por tribunales militares.

«No hay libertad, nos reprimen, no hay comida y cuando hay es extremadamente cara, voy a seguir en las calles hasta que haya cambio», dijo el docente Miguel Martínez.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exige elecciones generales para resolver la grave crisis política y económica, que se refleja en una fuerte escasez de comida y medicinas, y la inflación más alta del mundo, que escalaría a 720% este año según el FMI.

000of4kt.jpg (JUAN BARRETO/AFP)

– «Queremos salir de esto» –

En las marchas, los opositores también rechazan la convocatoria del mandatario a una Asamblea Nacional Constituyente «popular», con la que, a su juicio, busca evadir elecciones y afianzarse en el poder.

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Pero Maduro, cuya gestión es rechazada por entre 70% y 80% de venezolanos según encuestas privadas, aseguró el fin de semana que «en el 2018, «llueva, truene o relampaguee, en Venezuela hay elecciones presidenciales», como ordena la ley.

En diciembre último debieron hacerse los comicios de gobernadores, pero el poder electoral los pospuso y aún no tienen fecha, y este año corresponden los de alcaldes.

Maduro asegura que la Constituyente es el único camino a la paz, pero esa iniciativa aumentó la tensión política pues al menos la mitad de los 500 asambleístas serán elegidos por sectores sociales en los que el gobierno ejerce fuerte influencia, lo que pone en duda el «voto universal».

«No hay forma de que Venezuela se cale (aguante) esto. Mientras haya dictadura, no va a haber tranquilidad», afirmó Guevara.

La oposición realizó el pasado sábado caravanas de vehículos, bicicletas, motos y hasta de caballos en varias regiones, y el domingo una marcha con motivo del Día de la Madre en Caracas.

«Queremos salir de esto. Si tenemos que pasar la vida entera en las autopistas, lo vamos a hacer», declaró a la AFP María Fernández, terapista del lenguaje de 56 años.

– Llamados a la calma –

000of3d6.jpg (FEDERICO PARRA/AFP)

La oposición denuncia una «salvaje represión» por parte de militares y policías, que dispersan con bombas lacrimógenas y vehículos blindados a los manifestantes para evitar que lleguen al centro de la capital.

Mientras, Maduro, a quien la Fuerza Armada ha declarado «lealtad incondicional», acusa a sus adversarios de promover «actos terroristas» para darle un «golpe de Estado».

El jefe del Parlamento, el opositor Julio Borges, pidió el domingo a la Fuerza Armada abrir un diálogo sobre la crisis del país y «ponerse del lado del pueblo».

En tanto, la Unión Europea (UE) urgió este lunes a alcanzar una «solución pacífica» en Venezuela y llamó a «todas las partes» a abstenerse «de cometer actos violentos».

El gobierno socialista venezolano acusa a Estados Unidos, a países de la UE y a la Organización de Estados Americanos (OEA) de «apoyar» los «actos vandálicos» de las protestas.

La OEA, de la que Venezuela inició su retiro hace dos semanas, anunció que decidirá este lunes la «fecha y el lugar» de una reunión de cancilleres que abordarán la crisis venezolana, lo cual es considerado por el gobierno como una «injerencia».

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