El juez argentino Marcelo Martínez de Giorgi dictó este lunes el procesamiento de, entre otros, la presidenta de la asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de 88 años, en una causa en la que se investiga presunto fraude al Estado, informaron fuentes jurídicas.
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En concreto, el magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la anciana en calidad de partícipe necesaria de un delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta.
El juez abrió también un proceso penal por presunto fraude contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y el ya detenido ex secretario de Obras Públicas José López (2003-2015), entre otros.
El caso aborda un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos argentinos (unos 12,8 millones de dólares) en el programa «Sueños compartidos», plan estatal impulsado por el Ejecutivo de Cristina Fernández (2007-2015) para la construcción de viviendas sociales y administrado por la fundación de Madres de Plaza de Mayo.
La Justicia considera probado que los Schoklender, en su calidad de apoderados de la fundación, «tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución», y que con posterioridad, una vez ingresados los montos correspondientes a esas obras en la institución, desviaron 206,43 millones de pesos argentinos (13,29 millones de dólares).
La resolución judicial señala que el «éxito de la maniobra» fue posible gracias a la utilización del «prestigio y la trayectoria» que la Asociación Madres de Plaza de Mayo cuenta en el área de la defensa de los Derechos Humanos, y «al infiel desempeño» de López y Abel Caludio Fatala, quienes tenían a cargo la asignación de los recursos del Estado.
La respuesta de Hebe
Tras haber sido procesada en una causa en la que se investiga presunto fraude al Estado, la presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, dijo tener la «conciencia muy tranquila» y que la medida es un «honor» viniendo de este Poder Judicial y del actual Gobierno.
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«Estoy honradísima de ser procesada por este Poder y por este Gobierno. Gracias Macri por darme este honor de ser procesada», manifestó De Bonafini en un vídeo difundido anoche, horas después de que la noticia de su procesamiento le llegó, según aseguró, por «la prensa».
«Tengo la conciencia muy tranquila», agregó, e incidió en que las integrantes de la organización de derechos humanos tienen «las cosas muy claras», saben dónde «está el enemigo» y continuarán señalándolo.
«Sabemos que el Poder Judicial, sobre todo el que tenemos ahora y el de la dictadura, no son la Justicia», expuso.
Para la presidenta de las Madres, este es el «precio» que tienen que pagar por decir que el actual presidente, Mauricio Macri, es su «enemigo», por denunciar que «él» y los miembros del Ejecutivo «fueron partícipes de la dictadura (1976-1984) con sus empresas» y por mantenerse fieles al proyecto «nacional y popular» del peronismo kirchnerista.
«Las Madres hemos siempre sido muy perseguidas y no es por casualidad que nosotros elegimos la calle para darnos a conocer para que aparecieran nuestros hijos. Primero fuimos muy agredidas de todas maneras, tratándonos de madres terroristas…(…) Muchas veces fuimos presas», recordó.
«Nunca dejamos de pelear ni de luchar, sabemos el precio que tiene la libertad (…) Las Madres decidimos jugarnos la vida por la libertad de la misma manera que se la jugaron nuestros hijos», prosiguió.
El caso estalló en 2011 y suscitó duras críticas de la oposición hacia el Gobierno de Fernández por la supuesta falta de controles en el otorgamiento de fondos públicos de la organización humanitaria, cuyo origen se remonta a abril de 1977, cuando un grupo de mujeres comenzó a apostarse frente a la Casa Rosada de Buenos Aires para exigir a la última dictadura militar (1976-1983) noticias de sus hijos desaparecidos.
