El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte «la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios».
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La norma señala además que «podrán ser restringidas las garantías» para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son «el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles».
El presidente se facultó también para decidir «la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político» contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.
Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de «excepción y emergencia económica».
A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que «sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (…) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana».
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Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en «desacato» por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016.
