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Primera ministra británica pretende cobrar el doble de impuestos a empresas que contraten extranjeros

El programa conservador de Theresa May instaura que el Ejecutivo tomará medidas para que “los estudiantes abandonen el país una vez terminen sus cursos”, a no ser que cumplan unos “nuevos y más exigentes criterios” para quedarse a trabajar en el Reino Unido.

(BEN STANSALL/AFP)

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, anunció este jueves que si gana las elecciones del 8 de junio, como pronostican las encuestas, doblará la tasa que deben pagar las empresas del Reino Unido por contratar a trabajadores que provengan de fuera de la Unión Europea (UE).

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Las compañías británicas pasarán a pagar 2.000 libras (2.340 euros) al año por cada trabajador extra comunitario en su plantilla al término de la siguiente legislatura, en lugar de las 1.000 libras actuales (1.170 euros), según el programa electoral del Partido Conservador.

El documento presentado por May detalla que los ingresos adicionales que obtenga el Gobierno británico con esa tasa se invertirán en formación para trabajadores británicos.

Recurrir a la inmigración cualificada «no debería ser el modo en el que el Gobierno o las empresas rehusan cumplir con su obligación de mejorar las cualificaciones de los trabajadores británicos», indica el programa electoral de los conservadores.

El Partido Conservador británico considera que la inmigración neta hacia el Reino Unido -273.000 personas el año pasado- es «todavía muy alta» y se compromete a «reducirla y controlarla» hasta «niveles sostenibles».

El documento detalla que May se propone reducir la inmigración neta hasta «decenas de miles de personas», es decir, por debajo de las 100.000 personas anuales.

El documento recalca que la futura salida de la UE permitirá a Londres «controlar asimismo la inmigración comunitaria», y anticipa que establecerá medidas para «reducir» el número de personas que llegan al Reino Unido desde el bloque europeo.

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La primera ministra se propone además incrementar los ingresos mínimos que deben acreditar los inmigrantes para pedir visados para familiares, «endurecer los requisitos» para entregar visados a estudiantes e subir las tasas a los extra comunitarios para utilizar la sanidad pública.

 

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