La Organización No Gubernamental (ONG) Derechos Digitales presentó esta jornada un recurso de protección en contra del funcionamiento de los drones de televigilancia presentados hace unas semanas por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.
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Los aparatos, según lo que dijo el jefe comunal, están destinados a vigilar espacios públicos y controlar la presencia de delincuentes o infractores de ley, pero desde la ONG han dicho que esos aparatos no solo interfieren con la privacidad de las personas, sino que también transgreden la norma DAN 151, la regulación del uso de drones que en diciembre de 2015 estableció la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Dicha norma, entre otras restricciones, estipula que los pilotos de dron deben tener una de las dos licencias que se da. Una de ellas tiene que ver con la operación permanente, que se logra solo llamando al aeropuerto o aeródromo más cercano, y la otra permite el uso del dron dando aviso con una semana de anticipación.
Pero aunque se da por sobreentendido que los operadores de Las Condes cuentan con las licencias correspondientes y, por ende, pueden “desarrollar misiones” sin problemas, según Derechos Digitales apunta a diversos riesgos que supone esa actividad.
Uno de esos riesgos es si se acaba la carga de la batería del dron en pleno vuelo, lo que bien podría convertirse en un problema, ya que por ser dispositivos que pesan más de un kilo al caer pueden dañar a personas o propiedades.
Lo que busca el recurso, con orden de no innovar, es evitar el uso de drones para la televigilancia, pero el alcalde Joaquín Lavín se apoya en una resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema que aprobó hace casi un año el uso de globos aerostáticos, también para televigilancia en su comuna.
