La fiscal general, Luisa Ortega, ensanchó la grieta que abrió en el chavismo, tras culpar a militares por la muerte de un joven y cientos de heridos durante la ola de protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
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Ortega, confesa chavista, responsabilizó a un oficial de la militarizada Guardia Nacional -aún sin identificar- por la muerte de Juan Pernalete, estudiante de 20 años, en una protesta en Caracas el pasado 26 de abril.
Pernalete fue impactado por una bomba lacrimógena en el pecho, según la Fiscalía, versión que negaba el gobierno al sostener que el joven había sido asesinado con una pistola de pernos (usada para sacrificar ganado).
La fiscal nacional durante el miércoles también informó que 55 personas han muerto en 54 días de manifestaciones: 52 civiles y tres policías y militares.
Además, reportó un millar de lesionados, de los cuales la mitad se produjeron por «la acción de los cuerpos de seguridad».
El gobierno de Maduro responde
La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar y acusó a la Fiscalía de generar un «clima de impunidad» frente a hechos de violencia de la oposición en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro.
«Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia», dijo el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.
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El ministro defendió la actuación de los agentes policiales y militares, a los que la oposición acusa de una «salvaje represión».
El gobierno reivindica la actuación de los diferentes cuerpos de policía, de seguridad, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su estricto apego a la Constitución y las leyes»
«El gobierno reivindica la actuación de los diferentes cuerpos de policía, de seguridad, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su estricto apego a la Constitución y las leyes», expresó Reverol.
La fiscal Ortega ya se había distanciado de Maduro al denunciar como «una ruptura del orden constitucional» sentencias con las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió temporalmente las atribuciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición.
La brecha se amplió con el llamado del gobernante a una Asamblea Constituyente, iniciativa que la fiscal estima inconveniente en medio de la crisis.
Ola de violencia
El fallo del TSJ contra el Parlamento desató las movilizaciones opositoras el 1 de abril, las que se intensificaron con el llamado de Maduro a una Constituyente, dejando a 55 personas muertas.
Gobierno y oposición se culpan mutuamente por la creciente violencia que se desata tras las movilizaciones, que generalmente acaban con choques entre uniformados y manifestantes, quienes cruzan bombas lacrimógenas, chorros de agua a presión, piedras y cócteles molotov.
