La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) juzga positivo que los países prueben la eficacia de la renta universal básica, como Finlandia u Holanda, pues el sistema de protección social actual se está quedando obsoleto.
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Durante la presentación del informe «¿Qué cambiaría una renta universal?», Stefano Scarpetta, director de Empleo y Trabajo del organismo, juzgó que la asignación mensual para todos los ciudadanos es «un debate importante, necesario y útil».
Por ello, experiencias como la que está llevando Finlandia, donde unos 2.000 desempleados reciben 560 euros mensuales (unos 524.500 pesos chilenos), son necesarias para saber qué funciona.
«Se trata de una manera de comprenderlo antes de aplicarlo a nivel nacional, que es muy complicado», señaló Scarpetta en la sede de la Ocde en París.
Para el director, estas pruebas son pertinentes, pues el actual sistema de protección social ha de adaptarse a un nuevo modelo económico que produce menos asalariados y un aumento de trabajadores independientes, que tienen menos derechos sociales.
El documento analiza cuatro países (Italia, Francia, Finlandia y Reino Unido) bajo el supuesto de que el salario universal sería aplicable a todos los adultos y menores, pero excluiría a los jubilados.
Con esta modalidad, la asignación de la renta universal significaría la eliminación de todas las ayudas o prestaciones sociales, como el paro, y solo se conservarían ayudas a la vivienda y a los discapacitados.
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La simulación realizada por la Ocde está además basada en un equilibrio de las cuentas, por lo que su aplicación implicaría un aumento de los impuestos, sobre todo a los más ricos, para que el déficit no aumentase.
Para los autores del informe, el impacto de la renta universal depende del sistema de protección de cada país.
En los que las ayudas son robustas, como en Finlandia o Reino Unido, no se resuelve el problema de la pobreza, pues al recibir un salario básico significa que se retiran ayudas a poblaciones en riesgo.
En estos casos, se aboga por una intervención «más centrada» en estratos vulnerables, como los jóvenes que ingresan en el mercado de trabajo.
Sin embargo, en Italia, tal y como sucedería en países con niveles de protección parecidos como España, Portugal y Grecia, el impacto de la renta universal sería muy positivo debido a la escasez de las ayudas.
Según Scarpetta, otro impacto potencialmente positivo de la renta universal es el cambio de «comportamiento» en relación al mercado laboral, un asunto que interesa a Finlandia.
«En este tipo de países, que son muy generosos con el paro (…), a veces a la gente no le compensa trabajar», comentó Scarpetta.
En cambio, en el supuesto de la ayuda universal, esta capa podría estar más dispuesta a aceptar trabajos que antes no se planteaba, pues acumularía salario y renta universal.
Muy distantes de Finlandia
La idea podría ser considerada revolucionara, pero al llevarla a piso parece difícil de concretar. “Para países como Finlandia, que tiene un PIB pér cápita bastante superior al de los países latinoamericanos, el desafío de mejorar los niveles de desigualdad creo que va en la línea de aumentar el bienestar de su población y me parece una medida súper correcta. Ahora, las condiciones y las características de los países miembros de la Ocde difieren bastante”, explica Francisco Aravena, académico de la escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián (USS).
Apunta que en este tipo de medidas que buscan mejorar el estándar de vida de las personas “va a existir un costo de oportunidad en el uso de los recursos” y que tal como menciona la Ocde la recaudación fiscal se tendría que acomodar, debido a que “no hay una fuente inagotable de recursos”.
Otro aspecto que subraya Aravena es que, a diferencia de Finlandia, la desigualdad existente en Chile haría que la sola idea de pensar una medida así sería muy complejo. De hecho, asegura que para poder llegar a eso “necesitamos años de cambios sociales, culturales, de desarrollo, de alcanzar niveles de producción similares y luego, después de esto, pensar reformas y políticas públicas eficientes y orientadas a aumentar la recaudación para mejorar el estándar de vida de las personas”.
