El proyecto de la empresa Patagonia, que pese al intento fallido el 2012, vuelve a la carga en su intento de extraer hielo milenario desde los mares de la Patagonia chilena para venderlo como agua y hielo “premium”, levantó las alertas en Greenpeace y la forma en que nuestro país protege sus reservas de hielo.
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La iniciativa, por las que los representantes de Patagonice
fueron acusados del hurto de cinco toneladas de hielo milenarios provenientes del ventisquero Jorge Montt en 2012, considera comercializar hielo sacado desde la zona cercana a Tortel, en la XI Región.
La información fue difundida hace dos semanas por el Diario de Aysén, el que dio cuenta de la iniciativa después de tomar contacto con Jaime Peñaloza, socio de Patagonice.
Peñaloza no solo confirmó la idea, sino que vienen trabajando hace años en ella y que, incluso, el 2015 ya firmaron un convenio de cooperación con la Municipalidad de Tortel, cuyo contenido no está claro.
La idea de Patagonice es retirar unas 500 toneladas de hielo al año de la zona y para ello pretende instalar una “planta procesadora” en las cercanías de Tortel.
Pero el proyecto, según Greenpeace expone una duda básica: ¿Puedo adueñarme de un témpano, llevármelo para la casa y comercializarlo como quiera?
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En este sentido, es necesario aclarar que Chile pose más de 24.000 glaciares, lo que representa el 82% de todos los glaciares de América del Sur. Su importancia es clave, pues ellos representan una de las principales reservas de agua dulce del planeta y desde ellos se alimentan buena parte de las cuencas del país.
Y, en medio de un profundo proceso de cambio climático que enfrenta Chile los glaciares juegan un rol clave, puesto que en períodos de sequía ellos llegan a abastecer hasta el 70% de los caudales de los ríos de la zona norte y centro del país.
Sin embargo, y pese la trascendencia, Chile carece de un marco jurídico de protección de sus glaciares. Básicamente, hoy en Chile se puede hacer lo que uno quiera con ellos.
Una muestra de este vacío legal lo dejó en evidencia Greenpeace, cuando el 5 de marzo de 2014 “fundó” la República Glaciar, una iniciativa que no solo llamaba la atención del proceso de destrucción que están viviendo los glaciares en Chile, sino que de la casi nula legislación en favor de su protección y conservación.
“Nuestra República Glaciar sigue vigente mientras Chile no cuente con una efectiva ley de protección de los glaciares. Han existido intentos legislativos, pero las presiones, especialmente desde el mundo minero, han conseguido lo que parece imposible: que un proyecto legislativo que supuestamente busca proteger los glaciares sea aun peor que el vacío legal en el que hoy están. Y son esos vacíos jurídicos los que permiten que hoy se puede hacer lo que uno quiera con los glaciares, incluso venderlos como hielo o agua premium”, denuncia Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile.
