Polémica en la Cámara Baja por abultadas cuentas de móviles

Iván Fuentes y Karol Cariola fueron los diputados con más líneas telefónicas pagadas con recursos estatales, según evidenció un reportaje realizado por Radio Bío Bío.

Por Francisca Herrera

Diputados declararon alrededor de 800 líneas telefónicas y de datos móviles durante el 2016, lo que significó un desembolso de más de $389 millones por parte del Estado para pagar dichas cuentas, según reveló una auditoría de la Cámara de Diputados de acuerdo a un reportaje realizado por Radio Bío Bío. Durante enero, febrero y marzo de este año se registraron 690 líneas activas las que superaron un gasto de $100 millones.

Ente los parlamentarios más cuestionados por el reportaje en cuanto al mayor número de líneas utilizadas se encuentran Iván Fuentes y Karol Cariola. El diputado por la región de Aysén encabeza la lista con 27 líneas activas durante el 2016 que representaron un pago fiscal de casi $11 millones cuando tenía a su cargo solo 5 asesores. Entre enero y marzo de este año su equipo se redujo a 4 colaboradores, sin embargo, el militante demócrata cristiano declaró 23 líneas activas.

Cariola, diputada del Partido Comunista, registró un gasto de $9 millones para 16 líneas móviles durante el 2016. Durante lo que va del 2017 ha declarado un total de 14 líneas activas este año.

Se destacó también al diputado Rosauro Martínez, desaforado en mayo del 2014, que registra pagos por más de $4 millones desde el 2015 hasta lo que va del 2017 por cuatro móviles.

La Cámara Baja dio plazo a los 120 diputados para emitir una declaración jurada sobre el detalle del uso de los móviles cuestionados y además inició un plan de fiscalización para determinar posibles infracciones, según informa el medio.

Al intentar radio Bío Bío obtener datos sobre número y gasto en líneas telefónicas de senadores, la Cámara Alta declinó entregar información al respecto bajo el argumento de que la regulación emitida por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias no obliga a llevar un registro al respecto ni una restricción en relación al número de móviles. Además, el Senado señaló que recabar los datos “obligaría a distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”.

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