El directorio de Corporación Nacional del Cobre (Codelco) acordó llevar a los tribunales la controversia generada por los últimos pronunciamientos de la Contraloría General de la República (CGR), de modo de esclarecer el marco normativo que rige a la empresa.
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La empresa indicó que la decisión de recurrir a la justica se tomó luego de las recientes declaraciones del contralor Jorge Bermúdez que, según Codelco, anticipan el rechazo a la reconsideración presentada por la cuprífera, “lo que dificulta una solución por la vía administrativa”.
Adicionalmente, el directorio acordó convocar a una sesión extraordinaria el lunes 5 de junio en la que se analizará el estado del diferendo con la CGR y medidas adicionales que tomará la empresa.
Las opiniones emitidas ayer por el contralor Bermúdez en presentaciones realizadas en el Congreso, dejan ver que dicha autoridad entiende que la CGR posee atribuciones para evaluar el mérito de las decisiones empresariales de Codelco, atribuciones con las que la Corporación difiere (…)”
“Las opiniones emitidas ayer por el contralor Bermúdez en presentaciones realizadas en el Congreso, dejan ver que dicha autoridad entiende que la CGR posee atribuciones para evaluar el mérito de las decisiones empresariales de Codelco, atribuciones con las que la Corporación difiere, pues cuestionan directamente el rol que la ley ha otorgado a su gobierno corporativo, diferencia que deberán resolver los tribunales”, señaló.
A juicio del directorio de la empresa, optar por el camino judicial “evitará un mayor daño a la institucionalidad que producen declaraciones acaloradas, en ocasiones contradictorias y que en nada contribuyen al fortalecimiento del rol de la empresa pública”.
Contratos con empresas
En relación a la información sobre contratos con empresas relacionadas con ejecutivos y directivos de Codelco por US$783 millones, “dicha cifra nace precisamente de la diferencia interpretativa que origina la controversia”, aseveró la minera estatal.
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“La Contraloría señala que a Codelco se le aplicarían ciertos artículos de la Ley de Compras Públicas que la obligarían a informar los contratos con partes relacionadas a la CGR y a la Cámara de Diputados. En tanto, la Corporación se ha regido hasta ahora por la Ley de Sociedades Anónimas y los procedimientos que ella determina para la contratación con compañías relacionadas, en razón de que la propia Ley de Compras exceptúa expresamente de su aplicación a las empresas públicas creadas por ley (Ley de Compras Públicas)”, añadió.
Las declaraciones del contralor implican que su objeción no apunta a la existencia de un daño patrimonial para la empresa, sino que indica que se habría incumplido el deber de informar a la CGR y a la Cámara de Diputados que señala la Ley de Compras Públicas»
Respecto a los contratos con partes relacionadas, “las declaraciones del contralor implican que su objeción no apunta a la existencia de un daño patrimonial para la empresa, sino que indica que se habría incumplido el deber de informar a la CGR y a la Cámara de Diputados que señala la Ley de Compras Públicas. Adicionalmente, se debe tener presente que estos contratos son sometidos a los controles, exigencias legales y procedimientos que la Ley de Sociedades Anónima contempla para garantizar que sean realizados en el interés de la empresa”, argumentó la Corporación.
“Mientras se mantenga esta controversia jurídica, el directorio de Codelco ha instruido a la administración gestionar a la empresa tomando los resguardos para no exponer a sus ejecutivos y profesionales a decisiones en materias donde se ha generado incertidumbre a raíz de la interpretación hecha por la Contraloría, buscando afectar en la menor medida posible el buen funcionamiento de la empresa”, puntualizó.
