Luego de una extensa espera, este viernes finalmente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ingresó a Contraloría las bases de licitación que renovarán las condiciones del 50% de la flota del Transantiago, implementándose una serie de cambios estructurales al transporte público capitalino a partir de 2018.
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Las principales novedades, incluidas a partir de las críticas al primer borrador elaborado por el ex ministro Andrés Gomez-Lobo, se refieren al combate contra la evasión y el traspaso de responsabilidades sobre ello a los operadores de vías.
Las seis empresas que logren adjudicarse la licitación deberán contar cada una con 20 zonas pagas y 50 inspectores privados a bordo de cada flota. Además, los buses nuevos que ingresen al sistema tendrán que incorporar torniquetes. No obstante, el cambio más significativo no se encuentra en aquello que se incorpora, sino en lo que se elimina. En este sentido, destaca la supresión de la revisión extraordinaria de contratos cada dos años. Esta instancia permitía a las empresas aumentar sus ingresos desde las arcas fiscales al caer el número de pasajeros.
Según dijo a Publimetro la ministra, Paola Tapia, esta modificación se elimina «de manera de incentivar a que los operadores sean los verdaderos encargados de controlar la evasión».
Nuevos buses
Los nuevos contratos obligarán a las empresas a contar con 30 buses de características especiales, contabilizándose 180 en todo el sistema: 15 de ellos deberán ser eléctricos y 15 poseer atributos especiales, como, por ejemplo, ser a gas o híbridos, de baja emisión contaminante, con aire acondicionado, de piso bajo o con una cantidad de asientos superior a los estándares actuales, permitiéndose así la llegada del bus de dos pisos.
Más recorridos
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Desde el próximo año la malla de recorridos sufrirá una importante reestructuración. Entre las novedades se contemplan 19 nuevos recorridos, 64 modificaciones y 44 extensiones horarias.
Con estos cambios se pretende «cubrir de mejor forma las comunas periféricas, mayor eficiencia, mejor conexión y servicios nocturnos», indicó Tapia.
Pago a empresas
«El pago a los concesionarios va a tener un criterio muy importante relacionado a la calidad del servicio. Actualmente queda claro que no ha existido el sistema adecuado para que los concesionarios presten absoluta calidad», destacó la secretaria de Estado.
En la actualidad, el 70% del pago que reciben las empresas corresponde a un monto otorgado por el Estado de acuerdo al número de pasajeros transportados, mientras que cerca del 30% restante corresponde a los kilómetros recorridos. A partir de los cambios, la importancia de estos índices en los ingresos se invertirán, pese a no existir precisión sobre el porcentaje que tendrá cada uno de ellos. Desde Transportes se busca que las utilidades dependan directamente del número de pasajeros validados, aplicándose así un nuevo incentivo para que los privados tomen medidas ante la evasión.
La frecuencia y regularidad del servicio son los dos aspectos más críticos para los usuarios, según datos entregados por la autoridad. En la actualidad, cada empresa posee un programa de operaciones que contiene exigencias al respecto, sin embargo, al no cumplirse, las multas sólo llegan hasta el 3% de los ingresos de las empresas. A partir de las modificaciones los descuentos por reincidencia llegarán al 7,5%, incorporándose a la evaluación de los indicadores anteriores, uno vinculado a la obligatoriedad de detención en paraderos.
El cumplimiento también será premiado con tal de alentar el buen servicio. Los operadores podrán recibir incentivos de hasta un 10% al superar determinadas metas.
Terminales fiscales
La posesión de terminales fue una importante barrera de entrada para las primeras empresas que quisieron entrar al Transantiago. El Estado adquirirá parte de esta infraestructura con tal de que no sea impedimento para quienes ingresen al sistema a partir del segundo semestre de 2018.
«Los terminales para las nuevas licitaciones consideraran terrenos estratégicos que el Estado va a disponer y, para lo cual, hemos iniciado los procesos administrativos correspondientes para contar con esos inmuebles estratégicos», indicó Tapia.
«Nos hemos puesto el desafío de adjudicar el proceso en este gobierno»
Según informó la ministra, no concretar la licitación costaría el Gobierno US $3.000 millones, dado que se deberían extender los actuales convenios. Ello, además del costo político que implicaría, mantiene al Ministerio de Transportes «trabajando a toda máquina» con tal de cerrar los nuevos contratos durante los 9 meses que restan de la administración de Michelle Bachelet.
«Nos hemos puesto el desafío de adjudicar este proceso en este Gobierno. Hemos ido avanzando etapas y ese es el plazo en que aspiramos y concentramos nuestras fuerzas», aseveró.
