El Tribunal Superior Electoral (TSE) reanudó este miércoles el juicio que podría dejar a Brasil sin presidente por segunda vez en poco más de un año, con una polémica entre magistrados en torno a las pruebas admisibles. Un proceso en el que muchos expertos coinciden en señalar que hay probabilidades de que se alargue por semanas si alguno de los siete jueces del TSE pide «vista» para suspender debate y revisar el expediente.
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Por primera vez desde la democratización que siguió a una férrea dictadura que gobernó entre 1964 y 1985, Brasil enfrenta el riesgo de perder a su segundo presidente en menos de un año.
El proceso, suspendido el pasado abril y retomado hoy, intenta establecer si hubo financiación ilegal y otras irregularidades en la campaña que compartieron Dilma Rousseff y Temer, aupado al poder tras la destitución el año pasado de quien encabezaba la fórmula en 2014.
-Primera sesión-
La primera de las audiencias fue dedicada a escuchar el alegato de la acusación y el descargo de las defensas, que Rousseff y Temer, hoy completamente enemistados, ejercen por separado.
La acusación fue contundente y afirmó que existen «incontables» elementos y testimonios que, desde su punto de vista, prueban que la campaña de ambos constituyó «un innegable abuso de poder económico y político».
«Hubo clara ilegalidades en la financiación», pero también «hubo fraudes hasta en la divulgación de datos falsos, según los cuales 40 millones de brasileños habían salido de la pobreza y era mentira», dijo el abogado Flavio Henrique Costa.
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En nombre de Rousseff, el abogado Flavio Caetano sostuvo que los cargos «se basan en falsos testimonios y pruebas inválidas» y exigió la «nulidad» del proceso, un punto en el que coincidió la defensa de Temer, quien sería el gran beneficiado de ello, pues salvaría el mandato que heredó de la ahora exmandataria.
Por su parte, el abogado de Temer, Gustavo Guedes, al tiempo que garantizó que no hubo irregularidades en la recaudación de campaña hecha por su cliente, sostuvo que hay pruebas de que sí las pudo haber habido en el caso de Rousseff, sobre quien sugirió que podría ser condenada a perder sus derechos políticos por ocho años.
-Segunda sesión-
En el segundo día de debates, el juez a cargo del caso, Herman Benjamin, debería dar a conocer su voto, que se espera favorable a la invalidación de los comicios de 2014, en los cuales resultó reelecta la fórmula Dilma Rousseff (PT, izquierda)-Michel Temer (PMDB, centroderecha).
La defensa de ambos planteó una cuestión preliminar de las pruebas para excluir los testimonios de exejecutivos de Odebrecht, con las acusaciones más graves contra la fórmula presidencial, que habría recibido sumas millonarias de la constructora durante la campaña.
«Si se excluyen (los testimonios de Odebrecht), resta muy poco al proceso, y creemos que tenemos buenas condiciones de que el proceso sea completamente improcedente», afirmó por su parte Gustavo Guedes, abogado de Temer.
-La sentencia-
El TSE puede decidir:
– Devolver el caso a la fase de verificación de pruebas.
– Desestimar las acusaciones y archivar el proceso
– Rechazar las acusaciones parcialmente: por ejemplo, decidir que la culpable de todo es Dilma Rousseff, pero que Temer (que era su candidato a vice) no estaba enterado de nada. En ese caso, Rousseff perdería sus derechos políticos por ocho años y Temer seguiría siendo presidente.
– Aceptar la denuncia en su totalidad: en ese caso, anula la elección de 2014 y el mandato de Temer.
Si esto ocurre, el TSE decidirá si Temer es separado de su cargo inmediatamente o si puede seguir siendo presidente hasta agotar todos los recursos disponibles, ante el propio TSE y ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).
La Constitución prevé que en caso de vacancia de poder el Congreso elija en un plazo de 30 días a una figura pública para completar el mandato en curso, que en este caso concluye en diciembre de 2018.
Algunos juristas invocan una enmienda de 2015 de la ley electoral que abriría la puerta a elecciones directas. Y otros llegan a la misma conclusión alegando que la vacancia de poder se produciría por anulación de la elección de 2014, lo cual volvería esa consulta inválida.
