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La mañana de este lunes, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos, para su envío al Congreso.
La iniciativa busca fortalecer la institucionalidad del regulador bancario y dotarlo de mayores herramientas. Junto con modernizar la legislación bancaria, Chile adopta los estándares de Basilea III, acuerdos internacionales que establecen un conjunto de medidas para fortalecer la regulación, supervisión y manejo de riesgos del sector.
En este sentido la Jefa de Estado aseguró que con esto “estamos dando un paso más, uno muy importante además, en la construcción de mejores bases para el desarrollo económico, en línea con las otras iniciativas de modernización económica que describí en la cuenta pública del pasado 1 de junio».
La actual Ley General de Bancos (LGB) data de mediados de los años ochenta y se diseñó como respuesta a la crisis de la deuda de comienzos de esa década. La única modificación sustantiva se realizó en 1997
“Como gobierno nos hemos abocado a fortalecer distintos ámbitos del mercado financiero, de modo tal de hacerlo más sólido, transparente, confiable e inclusivo” agregó la Mandataria.
Para ello, en primer lugar, se contempla el traspaso de las funciones que hoy desempeña la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) a la Comisión para el Mercado Financiero. Con esto se busca tener una institucionalidad eficaz y moderna que permita estar mejor preparados para responder ante los nuevos desafíos que el explosivo desarrollo de los mercados presente.
En segundo lugar, este proyecto de ley permite a los bancos estar mejor preparados para enfrentar choques de distinto tipo, porque se modifican los requerimientos de capital y gestión de riesgos, adaptándolos a los estándares de Basilea III. Con este paso se confirma el compromiso que adoptó nuestro país al entrar a este selecto grupo de países.
En términos generales, mediante estas nuevas exigencias se busca que los bancos financien sus actividades con una proporción mayor de recursos propios, y aumenten la calidad de las fuentes alternativas de capital. Este mayor y mejor capital permitirá absorber más adecuadamente las eventuales pérdidas derivadas de situaciones de inestabilidad o crisis bancaria, evitando que sean los depositantes y los contribuyentes quienes carguen con estas pérdidas, es decir, que el dinero de las personas o el Estado sirvan para rescatar bancos que estén al borde de la quiebra.
Cabe recordar que en la actual normativa existe la Garantía Estatal a los Depósitos, mediante la cual se busca resguardar a las personas naturales que depositan su dinero en las instituciones financieras. Si algunas de éstas, por algún motivo, no puede devolver el dinero que se ha depositado, el Estado lo hará en su lugar. De hecho, este proyecto incluye un aumento de este ítem desde las actuales 120 a las 200 UF.
Por otro lado, es busca establecer una prohibición en la que se le impide ser directores de bancos a aquellos que hayan incurrido en conductas graves que hayan puesto en riesgo la estabilidad de la institución en la que se desempeñaban o la seguridad de los depositantes.
En ese sentido, el superintendente de Bancos, Eric Parrado, destacó que «hoy el sistema bancario chileno es destacado internacionalmente por su solidez, su regulación y supervisión y, por lo tanto, es necesario seguir avanzando para adaptar las nuevas y mejores regulaciones internacionales. Estos cambios beneficiarán sin duda a todas las familias y empresas que usan a los bancos para intermediar sus ahorros y acceder a créditos».
“Es importante tener en consideración que todos los cambios contemplados en este proyecto de ley serán implementados de manera paulatina, para que las instituciones cuenten con el tiempo suficiente de adaptarse. Asimismo, los estándares propuestos se han adaptado a la realidad nacional, de modo tal de no generar impactos que pudieran restar competitividad a nuestro sistema bancario”, aseguró Bachelet.
