La ex integrante de ETA Idoia López Riaño, alias «La Tigresa» y responsable de algunos de los atentados más sanguinarios del grupo terrorista, salió este martes de la cárcel tras 23 años en prisión.
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Fue además una de las arrepentidas que se acogió a los beneficios penitenciarios propuestos por el anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, tras su renuncia a la violencia y su desvinculación plena de ETA, de la que decidió apartarse en 2010.
Por esas muestras de arrepentimiento que expresó mediante escritos enviados a la Justicia española desde 2015, se le concedió un total de 8 permisos penitenciarios que la extremista siempre declinó disfrutar.
La terrorista ahora el libertad es responsable, entre otros, del atentado perpetrado el 14 de julio de 1986 en la plaza de la Republicana Dominicana de Madrid, en el que fueron asesinados 12 guardias civiles, o del atentado frustrado ese mismo año contra el entonces presidente del Tribunal Supremo (TS) Antonio Hernández Gil, su escolta y su chófer.
Estadía en la ETA
Miembro de ETA desde los 18 años, «La Tigresa» realizó primero acciones de boicot y sabotaje de intereses franceses en España, para después cometer varios asesinatos.
Tras su paso por el comando Madrid, periodo en el que este grupo tuvo la máxima actividad terrorista, del que fue expulsada en 1986, se refugió en Argelia durante cinco años hasta que se sumó a otro comando, Ekaitz, responsable de una oleada de ataques en Barcelona, Valencia, Alicante o Murcia.
Con la detención de la cúpula de ETA en 1992 en Francia, se supo que «La Tigresa» mantenía informado al jefe de la organización, Francisco Múgica Garmendia, alias «Pakito», de los comentarios críticos que hacían sus compañeros de comando.
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En 1994 fue detenida en el sudeste de Francia, doce años después de ingresar en la banda, y en 2001 fue extraditada a España, donde comenzó a cumplir las múltiples condenas a las que hoy ha puesto fin.
En la época en que López Riaño fue juzgada en España, el cumplimiento efectivo de una condena de cárcel estaba establecido en un máximo de treinta años, independientemente de los años de condena, aunque ahora se sitúa en cuarenta, desde la última reforma del código penal.
