Hasta las oficinas de la Fiscalía Nacional Económica llegó la directora de Fonasa, Jeanette Vega. ¿La razón? Interponer una denuncia para que se investigue y sanciones a 53 centros de diálisis privados que se habrían coludido en la atención de pacientes con insuficiente renal crónica afiliados al seguro púbico de salud.
PUBLICIDAD
El tratamiento de esta enfermedad está incluído desde 2005 en el Plan Auge, lo que ha significado una inversión anual de 172 mil 500 millones. En la actualidad, más de 20 mil pacientes se encuentran en diálisis y el 87% de los afiliados a Fonasa se tratan en recintos privados.
En ese sentido se han hecho dos licitaciones (2008 y 2012), y actualmente está en curso la tercera. En las dos primeras se paralizó la licitación obligando al seguro a llegar a un entendimiento con los centros, pero hoy las cosas podríans ser diferentes.
«Hace poco nos enteramos que 4 centros, con cartas de apoyo de los otros 51, han presentado ante el Tribunal de Compras una impugnación para la última licitación, que está en desarrollo. Si llegáramos a un acuerdo esta impugnación beneficiaría a los centros a expensas de nuestros afiliados», aseguró Vega.
Además, agregó que «consideramos que hay elementos que atentan la libre competencia, y tenemos pruebas de que esta acción, la de impugnar la licitación, se ha hecho para fomentar condiciones de comercialización que les favorezcan y que excluyan a actuales o potenciales competidores».
Finalmente, la directora de Fonasa señaló que «esperamos que el Tribunal de Compra no dé curso a paralizar la licitación, ya que si aceptamos estas prácticas aumentan las ganancias de los centros en base a disminuir la calidad del servicio, y la salud de esos pacientes es importante. Si no les damos un buen servicio pueden morir», cerró categórica.
