El fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres, pidió leves penas para los nueve bolivianos presos en Chile al iniciarse el juicio abreviado que podría significar su libertad después de tres meses. La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía de esa comuna de la Región de Tarapacá, indicándose que el fallo será dado a conocer este miércoles.
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Torres pidió 3 años y 1 día de cárcel por el delito de robo con intimidación y violencia, y la misma pena por el porte ilegal de arma de fuego prohibida. Por el ilícito de contrabando, solicitó una multa equivalente al valor aduanero de la mercancía. Todo sin costas por aceptar no ir a juicio oral.
Estas bajas penas son uno de los requisitos para que los imputados accedan al procedimiento abreviado. Al no tener antecedentes penales, pueden cumplir en libertad. Pero otro de importancia es que los nueve ciudadanos bolivianos admitan su culpabilidad en los hechos, lo que ha sido persistentemente resistido por los mismos imputados, sus defensas y el Gobierno de Bolivia.
En el juicio abreviado, el fiscal Torres presentará el testimonio de Sergio Arquero y Roberto Castro, los chilenos a bordo del camión supuestamente asaltado el 19 de marzo en Colchane, y de los carabineros que realizaron las detenciones y que realizaron las mediciones para establecer que las delitos se cometieron en territorio chileno.
La defensa de los bolivianos, encabezada por el abogado chileno Claudio Vila, insiste en que se trató de un “operativo frustrado de incautación de contrabando, en cumplimiento del deber mandatado por el Estado Plurinacional de Bolivia”. Es decir, hasta esta etapa de desarrollo del juicio abreviado, los imputados no han aceptado su responsabilidad en los hechos.
La audiencia es encabezada por la jueza Isabel Peña Cifuentes y están presentes los 9 imputados: El capitán de Ejército Alex Carvajal, el suboficial Carlos Calle y los funcionarios aduaneros Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán. Todos en prisión preventiva desde el 22 de marzo en la cárcel de Alto Hospicio.
Ayer en la tarde llegó a Iquique una delegación boliviana integrada por el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto; el procurador del Estado de Bolivia, Pablo Menacho; la presidenta de la Asamblea Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya; y el director de Defensa Pública, César Romano. También se encuentran presentes en la audiencia.
— Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) 20 de junio de 2017
Fiscalía pide pena de 3 años y un día de presidio por delito de robo con violencia contra militares y aduaneros bolivianos.
— Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) 20 de junio de 2017
Fiscalía pide también pena de 3 años y un día por delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida contra militares y aduaneros bolivianos.
— Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) 20 de junio de 2017
Por último, fiscal Hardy Torres pide pena de multa por el delito de contrabando contra militares y aduaneros bolivianos.
— Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) 20 de junio de 2017