Para las 09:00 horas de este martes, en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, está fijada la audiencia en que se realizaría el juicio abreviado que significaría la libertad de los nueve bolivianos presos en nuestro país desde hace tres meses en la cárcel de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.
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El resultado de esta audiencia aún es un misterio, ya que el juicio abreviado requiere que los imputados reconozcan los delitos por los que fueron formalizados, en este caso, robo con violencia, porte ilegal de armas y contrabando, lo cual es rechazado por los bolivianos, que insisten en su inocencia.
Se trata del capitán de Ejército Alex Carvajal, el suboficial Carlos Calle y los funcionarios aduaneros Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán, detenidos el 19 de marzo en Colchane tras un supuesto asalto a un camionero chileno.
El 22 de marzo, los nueve fueron formalizados por el fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres, y la jueza Isabel Peña dio por acreditados todos los delitos y decretó las prisiones preventivas de los 9 bolivianos por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad y por riesgo de fuga. La magistrada dio un plazo de investigación de 120 días y ordenó el ingreso de los imputados a la cárcel de Alto Hospicio.
En la audiencia, el fiscal Torres expuso que las detenciones se produjeron después de que Carabineros de Colchane fue alertado por el asalto al camionero Sergio Arquero y su acompañante Roberto Castro.
La Corte de Apelaciones de Iquique y la Corte Suprema rechazaron los recursos de amparo presentado en favor de los imputados, mientras que el Gobierno de Evo Morales inició una campaña mundial para su liberación, mediante acusaciones contra nuestro país por una detención “injusta” en un “incidente fronterizo que debió resolverse por vía diplomática”. Incluso, Bolivia denunció a Chile en la OEA por “torturas”.
Además, los ministros del Presidente Evo Morale también emprendieron ofensivas mediáticas contra Chile. Incluso algunos de ellos los visitaron en la cárcel de Alto Hospicio. El Gobierno chileno no concedió visa al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, por llamar a boicotear productos chilenos. Lo mismo ocurrió con el ministro de Justicia, Héctor Arce, por sus dichos contra las autoridades chilenas.
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Ayer en la tarde llegó a Iquique una delegación boliviana integrada porel defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto; el procurador del Estado de Bolivia, Pablo Menacho; la presidenta de la Asamblea Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya; y el director de Defensa Pública, César Romano.
El abogado chileno Claudio Vila, defensor de los bolivianos y militante comunista, afirmó que insistirá en la inocencia de los nueve agentes porque fue un hecho «fronterizo».
