Jornada clave: este miércoles se decidirá el futuro de los nueve bolivianos detenidos en Chile

Esto luego que los funcionarios de Aduanas y militares detenidos aceptaran someterse a un juicio abreviado.

Por Aton Chile

La jueza de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, dará a conocer este miércoles a las 14 horas el veredicto del juicio abreviado a que se sometieron los 9 bolivianos presos en nuestro país hace tres meses, lo que podría derivar en su expulsión de Chile.

En la audiencia que se realizó durante 4 horas en el juzgado de Garantía de esa localidad de la Región de Tarapacá, los 9 imputados aceptaron someterse al procedimiento abreviado, pero no admitieron su responsabilidad en delitos, sino que sólo su participación en los hechos investigados.

Sobre esto, el procurador general de Bolivia, Pablo Menacho, quien asistió a la audiencia, afirmó que el juicio abreviado "de ninguna manera conlleva la aceptación de una responsabilidad penal".

Por su parte, la defensa de los bolivianos, encabezada por el abogado chileno Claudio Vila, alegó en el juicio en que el incidente en que fueron detenidos los extranjeros fue un “operativo frustrado de incautación de contrabando, en cumplimiento del deber mandatado por el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Vila solicitó la absolución de todos los acusados, ya que según su versión, jamás tuvieron intención de robar el camión chileno involucrado en los hechos, sino sólo de incautarlo en el contexto del combate al contrabando.

Agregó que no detuvieron a los supuestos contrabandistas por un tema de seguridad y porque no sería absolutamente necesario según la legislación boliviana, y porque no contaban con los implementos técnicos que les permitiera saber con certeza si se encontraban en territorio boliviano o chileno.

En tanto, el fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres, acusó por tres delitos a los bolivianos y pidió leves penas: 3 años y 1 día de cárcel por robo con intimidación y violencia, y la misma pena por el porte ilegal de arma de fuego prohibida. Por el ilícito de contrabando, solicitó una multa equivalente al valor aduanero de la mercancía, esto es, $32 millones, que es el avalúo de los dos vehículos en que ingresaron a territorio nacional. Todo sin costas por aceptar no ir a juicio oral.

Estas bajas penas son uno de los requisitos para que los imputados accedan al procedimiento abreviado. Al no tener antecedentes penales, pueden cumplir en libertad. Y al admitir su participación en los hechos, se da la otra condición para el juicio abreviado. Si son condenados a bajas penas, pueden quedar en libertad de inmediato salir del país. Con mayor razón si son absueltos.

En la audiencia, el fiscal Hardy Torres señaló que los nueve bolivianos ingresaron a territorio chileno portando armas de fuego y a bordo de dos vehículos, y procedieron a apoderarse de un camión cargado con mercadería que se encontraba en el sector de Tulapampa, comuna de Colchane, a unos dos kilómetros de la frontera, disparando sus armas contra el vehículo para que el chofer se detuviera.

Una vez que lograron que el chofer y su acompañante se bajaran, se apoderaron del camión, intentando llevárselo a su país, lo que no pudieron concretar porque el vehículo quedó parado metros más allá. En ese momento, los imputados regresaron a Bolivia a solicitar refuerzos y al regresar por el camión, fueron detenidos por funcionarios de Carabineros.

El persecutor les reconoció las circunstancias atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, al aceptar el procedimiento abreviado.

Los imputados son el capitán de Ejército Alex Carvajal, el suboficial Carlos Calle y los funcionarios aduaneros Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán. Todos en prisión preventiva desde el 22 de marzo en la cárcel de Alto Hospicio. Fueron detenidos el 19 de marzo en Colchane por el supuesto asalto a un camionero chileno.

Además del procurador Mechano, también asistieron a la audiencia de ayer el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto; la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya; y el director de Defensa Pública, César Romano.

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