La fiscalía general de México anunció este miércoles una investigación sobre el presunto espionaje en contra de periodistas y activistas, quienes acusaron al gobierno de haber intervenido sus teléfonos celulares, tras un amplio reportaje divulgado el lunes por el diario estadounidense The New York Times.
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La carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática estará a cargo de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión (FEADLE), informó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal), en un comunicado.
La denuncia, que fue rechazada por la Presidencia de México argumentando que no existen pruebas del delito, apunta al presunto uso de un software de espionaje que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y narcotraficantes.
Según la investigación periodística, el espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas de investigación y activistas anticorrupción, se efectuó utilizando un tipo de malware provisto por una firma israelí, que cuenta entre sus clientes al Ministerio de Defensa Nacional de México y a la misma fiscalía general.
El malware envía mensajes SMS desde direcciones o dominios falsos supuestamente pertenecientes a servicios de noticias, redes sociales y hasta la embajada de Estados Unidos, acompañados de enlaces maliciosos que al ser abiertos por el usuario permiten la infección del dispositivo, reveló la investigación.
La fiscalía precisó en su comunicado que las pesquisas incluirán el análisis de los números telefónicos afectados, la identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware.
Agregó que «investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención».
Entre los agraviados está la periodista Carmen Aristegui, reconocida por haber revelado sonados casos de probable corrupción que involucran al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y el defensor de derechos humanos Mario Patrón, que abogó por los familiares de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y que fueron presumiblemente masacrados por policías coludidos con narcotraficantes en el violento estado de Guerrero (sur).
