La oposición llamó este martes en la noche a los venezolanos a desconocer al presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a una Asamblea Constituyente, agravando aún más la crisis que vive el país con violentas protestas que dejan 74 muertes en dos meses y medio.
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«El actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie», anunció el presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, en una conferencia de prensa.
En representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Borges invocó artículos de la Constitución en los que se apoyará esa coalición opositora para la «fase decisiva» hacia un cambio de gobierno, que incluirá una «gran protesta nacional permanente».
La oposición anunciará en los próximos días cómo concretará su llamado a la rebelión. Algunos de sus líderes han planteado una huelga general.
El constitucionalista José Ignacio Hernández advirtió que pese a la importancia de una invocación a la desobediencia civil, no se pueden esperar «soluciones inmediatas».
«Se abre el capítulo más intenso de la confrontación (…), pero también puede que nos quedemos con este estado de enfrentamiento crónico», acotó Salamanca.
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Antejuicio a la fiscal
La confrontación también se acentuó este martes con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de admitir la solicitud de antejuicio que hizo el oficialismo contra la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista que rechaza tajantemente la Constituyente.
Ortega se declaró «preparada para todo» al ser cuestionada sobre un posible juicio en una entrevista radial; pero denunció que la justicia es usada para «perseguir a la disidencia polícita» y que el TSJ «ha desmantelado el estado de derecho».
El diputado oficialista Pedro Carreño interpuso el recurso el pasado jueves argumentando que Ortega «mintió» al negar haber respaldado la selección de 33 magistrados del TSJ designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista, según ella en un proceso «irregular».
Ortega y Carreño fueron citados a comparecer ante la Sala Plena, que decidirá si existe mérito para enjuiciar a la fiscal, pero su remoción sólo corresponde al Parlamento.
Aunque el Legislativo respalda a Ortega, sus decisiones son desconocidas por el TSJ.
Llamada por Maduro como la «nueva líder de la oposición», Ortega interpuso casi una decena de acciones legales para frenar la Constituyente por considerar que violenta la democracia y, también, contra los magistrados del TSJ por estimar que han roto el orden constitucional por su parcialidad a favor del gobierno. Todas fueron desestimadas.
La fiscal encabeza a un grupo de chavistas que sostiene que Maduro «está destruyendo el legado» del ex presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013 y gestor de la actual Constitución.
Cambios en la cúpula militar
En plena crisis, Maduro anunció la renovación de la cúpula de la Fuerza Armada, considerada junto al TSJ como sostén de su gobierno, y ratificó como ministro de Defensa al general Vladimir Padrino López, quien le ha declarado «lealtad incondicional».
En su llamado a la rebelión nacional, la MUD envió un mensaje a los militares: «Hacemos un llamado a las instituciones, y en especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para que en esta crisis cumplan con el deber constitucional».
La oposición acusa a las fuerzas de seguridad de reprimir brutalmente a los manifestantes. Como fiscal, Ortega ha señalado a militares y policías de abusos en las protestas.
Como parte de sus ajustes en la FANB, Maduro cambió al comandante de la Guardia Nacional, que controla las protestas opositoras, un día después de que un joven de 17 años murió por un disparo presuntamente de un militar.
