El empresario Jorge Castillo, administrador de una macroferia comercial ubicada en la ciudad bonaerense de Ingeniero Budge, fue detenido hoy por presunta asociación ilícita durante un operativo en el que, tras mostrar resistencia, supuestamente hirió a un policía con un arma de fuego.
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Según fuentes policiales y judiciales citadas por la agencia estatal de noticias Télam, la detención se produjo durante un allanamiento en un barrio privado de Luján y se concretó en el marco de una investigación por asociación ilícita y extorsión a feriantes, que incluyó otros 55 allanamientos y la detención de una treintena de personas.
Entre ellas se encuentra un agente de la Policía Federal y otros dos de la de la provincia de Buenos Aires.
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-«El Rey de La Salada»-
Castillo, que según las fuentes antes de ser arrestado hirió a un policía de un disparo con una escopeta, es administrador desde hace dos décadas de la Feria Punta Mogotes, y es conocido como «El Rey de La Salada«, en referencia al nombre del predio donde está ubicado el recinto ferial, que factura más de 300 millones de pesos por día.
El polémico empresario ostenta una lujosa vida, que queda patente por las imágenes de un dron que sobrevoló su opulenta mansión donde cayó el «capo» , que dista mucho de la precariedad de los puestos donde hizo su fortuna.
-La feria más polémica de Latinoamérica-
La llamada Feria de La Salada, calificada como «ilegal» por las autoridades, es un conglomerado con miles de puestos de venta, la mayoría informal, que opera durante la noche tres veces a la semana en la periferia sur de Buenos Aires.
El lugar se presenta como un paseo comercial con 360 socios donde trabajan unas 100.000 personas y la más grande de Sudamérica, según su sitio web.
Funciona desde hace más de una década con ventas de todo tipo, incluso de mercadería falsificada, principalmente textil, que se confecciona en talleres clandestinos a fuerza de explotación, según han denunciado víctimas y organizaciones civiles como La Alameda.
La policía obtuvo videos donde se muestra cómo la organización castigaba a supuestas ladronas halladas ‘in fraganti’ en la feria encerrándolas y propinándoles latigazos desnudas, ‘servicio de seguridad’ por el cual cobraban a los vendedores.
«Se han secuestrado ‘picanas’ (artefactos para aplicar descargas eléctricas). Duele mucho ver eso, aplicaban la tortura por supuestos robos, es como volver a la época de las cavernas», dijo Bullrich.
El fiscal a cargo del caso, Sebastián Scalera, señaló en declaraciones al canal TN que la causa comenzó en abril de 2015, cuando varias personas «quisieron recuperar la zona tras un desalojo y realizaron una serie de desmanes, cometieron robos, rompieron cámaras de seguridad e impidieron la circulación de vehículos».
«Este grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios habilitados», afirmó Scalera, quien remarcó que con base en los datos obtenidos en el marco de la investigación, se pudo establecer la existencia de tres bandas, que fue calificada como asociación ilícita.
Las bandas eran presuntamente lideradas por familiares de Castillo y se dividían los distintos sectores callejeros alrededor de los tres complejos que funcionan en «La Salada«.
La investigación apunta a la explotación ilegal de los puestos, así como el supuesto cobro de un canon a los ‘puesteros’ para poder permanecer en el lugar o por tener una seguridad privada paralela a la policía de Buenos Aires.
Según Scalera, estas acciones eran realizadas bajo amenazas y, en caso de que no se pudieran efectivizar, los feriantes eran golpeados y hasta lesionados.