La Superintendencia de Pensiones puso este jueves para comentarios del público y de los diversos agentes del mercado la norma general que regulará la inversión de los Fondos de Pensiones y de Cesantía Solidario en activos alternativos, iniciativa que entrará en vigencia en noviembre próximo.
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Los objetivos que buscan estos cambios —incluidos en la Ley de Productividad promulgada en octubre del año pasado— son lograr mayor diversificación de las inversiones, mejorar la rentabilidad, permitir inversiones de largo plazo e invertir en forma directa en mayor variedad de activos con eventuales ahorros de costos para los Fondos de Pensiones y de Cesantía.
Al respecto, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, sostuvo que esta medida se basa en que “hemos visto en las últimas décadas una baja sostenida en el rendimiento de las inversiones, lo que sin duda genera un impacto en el monto de las pensiones. Cabe recordar que un punto más de rentabilidad durante toda la vida activa de un trabajador puede aumentar en 25% el monto final de su pensión”.
En esa línea, la autoridad añade que las modificaciones propuestas abren la posibilidad de invertir en activos que no se transan en mercados públicos, además «se busca cautelar la seguridad de las inversiones que se efectúen con recursos de los fondos, y así lograr el objetivo de obtener mayores rentabilidades que permitan mejorar las pensiones de los afiliados al sistema”.
Actualmente la inversión de los Fondos de Pensiones en activos alternativos se realiza de forma indirecta y a abril de 2017 suma US$ 4.666 millones, lo que equivale al 2,5% del total de recursos acumulados. En el caso de los países de la Ocde dicha cifra alcanza, en promedio, el 15% y en sistemas similares al chileno como en Perú, Colombia y México la exposición mantenida en este tipo de activos se encuentra alrededor del 5% del valor de los fondos.
Esta norma estará para comentarios hasta el viernes 21 de julio de 2017. Durante los próximos meses, la Superintendencia publicará también para comentarios algunas normas complementarias que regularán aspectos específicos de las inversiones en activos alternativos.
La norma pretende abrir la posibilidad a las administradores de poner los ahorros previsionales en sociedades concesionarias de obras de infraestructura y sociedades inmobiliarias, mutuos hipotecarios endosables con fines no habitacionales, bienes raíces nacionales no habitacionales sujetos a contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing), entre otros instrumentos.
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La ley promulgada en octubre de 2016 también determinó que el Banco Central fijará el límite máximo para la suma de todas estas inversiones en activos alternativos, dentro de un rango de 5% a 15% del valor de cada tipo de Fondo de Pensiones.
