La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por varias cajas de compensación en contra de un dictamen de Contraloría General de la República, que estableció que los créditos sociales otorgados a funcionarios públicos se encuentran sujetos al límite del 15% de la remuneración.
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En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Jorge Zepeda y Fernando Carreño- acogió las acciones judiciales presentadas por Los Andes, Los Héroes, La Araucana, y 18 de Septiembre en contra del dictamen que modificó la jurisprudencia en la materia.
La sentencia establece el actuar arbitrario de la Contraloría en la materia por infringir el derecho a igualdad ante la ley establecido en la Constitución de la República y por la interpretación “falsa y arbitraria” de una norma.
La sentencia establece que «se afecta dicha garantía constitucional, porque, el crédito social es un derecho del afiliado a la Caja de Compensación y para ésta es una obligación legal el otorgarlo, dado el régimen al que deben acceder en cuanto a los derechos y obligaciones en la forma que la ley lo señala».
En esa línea, la Corte estima que se discrimina a ambas partes, debido a que el organismo «los obliga ahora a solicitar el consentimiento previo del jefe superior del servicio, quien podría limitar, reducir o impedir el acceso al crédito social al que tiene derecho el funcionario afiliado y también obliga a la Caja de Compensación de negarlo al tener que cumplir la solicitud del afiliado con este requisito discriminatorio no establecido en la ley».
