Las 10 revelaciones del “boicoteado” informe de investigación Sename II

El rechazado documento cuenta con 535 páginas y recopila un año de trabajo parlamentario, en el cual estuvieron presentes autoridades, funcionarios, expertos y egresados de residencias.

Por Sebastián Vedoya

Pese a ser rechazado por la Cámara de Diputados, el año de trabajo que mantuvo la comisión da cuenta en 535 páginas de la realidad que padecen los niños insertos en este cuestionado sistema. En Publimetro recopilamos 10 revelaciones y conclusiones contenidas en el documento.

  • Responsabilidad del Estado: El rechazado informe de la comisión investigadora Sename II, aseguró que el Estado de Chile posee “responsabilidad internacional por la transgresión de los derechos humanos de los niños vulnerados”. En específico, se advierte que se quebranta la Convención sobre Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas y de la cual nuestro país forma parte. En este sentido, se denuncian incumplimientos de garantizar “en la máxima medida posible” la supervivencia y el desarrollo del menor, así como por vulnerar el acceso a la salud, la protección contra los malos tratos y la no discriminación.
  • Falta de recursos: “Desde hace mucho tiempo que la ciudadanía se pregunta cómo es posible que un privado de libertad cueste –para el Estado- $600 mil en promedio y que un niño cueste $189 mil”, señala el informe con respecto a la intervención de Marcela Concha, abogada del Movimiento Nacional por la Infancia, durante su presentación en la comisión el 13 de noviembre de 2016. Una recriminación que fue incorporada por los diputados a modo de conclusión: “Los aumentos y las prioridades presupuestarias del Sename parecen no satisfacer los estándares y los deberes que nos impone la Convención internacional de Derechos del Niño”.
  • 'Cuoteo' político: La instancia acusa a los ministros de Justicia, y en particular a la renunciada Javiera Blanco, por allanarse a la contratación de funcionarios “sólo en razón de la militancia”, lo cual, indican, “podría constituir una transgresión a la probidad, en tanto guardaron un silencio cómplice y en gran medida consintieron con esta política del ‘cuoteo’”. Así mismo, menciona las denuncias de hostigamiento institucional hacia ex funcionarios, quienes, se asegura “debieron renunciar porque alteraban los equilibrios partidarios”.
  • Violencia desmedida: “Christian, un pequeño de entre 8 y 13 años, declaró que el tío –funcionario del Sename- le pegó porque lo llamó. ‘Estaba en pijama en la cama superior del camarote, dibujando, pero él me pescó de la ropa, me tiró hacia abajo, me arrastró hasta la puerta del baño y me empujo dándome golpes en la espalda, me metió vestido a la ducha con agua fría y me siguió́ pegando en la espalda, hasta que me caí por lo resbaloso del piso, choqué contra la muralla y perdí dos dientes’”, relató un egresado del sistema, a quien el informe describe como señor Orellana.
  • Falta de voluntad de autoridades: Desde la comisión se cuestionó la participación que las autoridades de Gobierno que participaron de la instancia intentaron dar a las denuncias de violencia que se testimoniaron durante el año de trabajo parlamentario. “Las autoridades han querido dejar instalada la idea de que los casos de vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ocurridos en programas al amparo del Sename “son hechos aislados”, asevera el documento, mientras cuestiona que los asistentes “no aportaron datos precisos o relevantes sobre lo que realmente ocurría”.
  • Contagio criminógeno: Uno de las falencias asumidas en el servicio, es la interacción permanente que existe entre aquellos menores acusados de delinquir y quienes ingresan al sistema por factores de vulnerabilidad. “El Estado lejos de restringir ha fomentado el contacto entre niños vulnerados en sus derechos y niños en conflicto con la ley, lo que se encuentra íntimamente ligado a la visión de criminalización excesiva que posee la sociedad respecto de los niños, niñas y adolescentes usuarios de programas del Sename y, en especial, de aquellos que viven en residencias”, cuestiona el informe.
  • Castigos: “Fueron doce años en los que dejé de llamarme Edison Gallardo y me pasé a llamar 691”, relató a la fallida comisión el actual presidente del Movimiento Nacional por la Infancia. “Vestía harapos y mis zapatos estaban cocidos con alambre, así iba a clases. Un año tuve impétigos en mi cabeza. Nadie me llevó al doctor, hasta que se provocó una inflamación y la aparición de materia. Tenía que ir tres veces a la semana al hospital que queda a 20’ de la cárcel (…) Como siempre regresaba tarde del tratamiento, como castigo me metían al ‘Cuatro’, como le llamaban a una pieza que no medía más de tres por tres, con una banca empotrada y sin comer”, narró ante los parlamentarios.
  • Privatización: Walter Arancibia, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename, cuestionó el rol que cumplen los centros residenciales administrados por privados, quienes controlan casi el 90% de los recintos, donde estima “empieza uno de los grandes problemas que tiene el Sename”. “El servicio necesita una supervisión que realmente pueda dar conocimiento o fe de lo que ahí́ está pasando (…) La ley de subvenciones restringe todo lo que se puede hacer al respecto, incluso, recomendaciones o cambios dentro de lo que está haciendo un privado”, señaló.
  • Violencia sexual: El fiscal regional de Los Ríos, Agustín Meléndez, relató a la comisión uno de los casos que se identificó a través de una encuesta desarrollada por el Poder Judicial y Unicef. “Una niña nos proporcionó antecedentes de una causa que dirigía un fiscal de Arica por delito de promoción y facilitación de la prostitución infantil y de agresiones físicas por parte de Carabineros”, indicó ante la mirada de los diputados presentes. Tras el hallazgo, el persecutor aseveró que se logró reponer la investigación, por la cual se ofició a la Fiscalía Militar. “La niña señaló́ que había sido víctima de agresiones por parte de Carabineros en la residencia”, agregó.
  • Reinserción: El señor Yáñez, como relata el informe a quien fuera interno del sistema, enfatizó en la necesidad de “asegurar un egreso digno de los menores”. “En la actualidad, los jóvenes están saliendo del sistema prácticamente a la calle”, sostuvo. En tanto, la también ex interna Claudia Navarro, refuerza este punto y recriminó no haber obtenido nada del Estado. “Si bien estos centros me dieron lo mínimo que tienen que darme, por recibir una subvención, que es el techo, la comida y educación escolar, fue todo lo que recibí. En cuanto a salud, nunca fui, o nunca recuerdo, haber ido a un control; nunca”, cuestionó.

 

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