Caso Penta: Carlos Gajardo y Pablo Norambuena declararán como testigos

La Corte de Apelaciones declaró inadmisible la queja interpuesta por el fiscal regional Metropolitano Oriente. La defensa de los imputados fue quien solicitó la declaración de los persecutores.

Por Aton Chile

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de queja disciplinaria presentado por el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, contra el magistrado del 8º Juzgado de Garantía por la declaración de dos fiscales como testigos en el Caso Penta.

A raíz de este fallo los abogados persecutores del caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena serán citados a declarar como testigos producto de un presunto acuerdo entre los controladores del grupo Penta para rebajar sus penas si prestaban colaboración a la investigación, hecho que según a defensa de los imputados no se habría cumplido.

El pleno del tribunal de alzada no dio lugar al recurso, tras establecer que no existen faltas o abusos del juez del 8º Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar, en el pronunciamiento o resolución jurisdiccional.

"Que del mérito de los antecedentes aparece que las faltas o abusos respecto de las cuales se recurre por esta vía, inciden en el pronunciamiento de una resolución de carácter jurisdiccional por lo que los hechos denunciados no se enmarcan dentro de aquellos asuntos que deban conocerse por esta vía, se declara inadmisible la queja disciplinaria interpuesta a lo principal de fojas 13 y siguientes", sostiene la resolución.

Solicitud de declaración de fiscales

El 4 de marzo pasado, en la audiencia en que se reabrió la investigación, la defensa de los propietarios del holding Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, solicitó que se autorice tomar declaración a los fiscales por una supuesta vulneración de derechos constitucionales de ambos imputados.

Juan Manuel Escobar, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, estimó que no hay norma que impida que los fiscales declaren como testigos y autorizó la diligencia.

En este sentido, según narró el abogado defensor de Délano y Lavín, Julián López, los controladores del grupo Penta habrían recibido una oferta de los fiscales para colaborar en la investigación a cambio de una rebaja de las penas, hecho que no se cumplió ya que el Ministerio Público pidió 10 años de cárcel para cada uno.

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