Entre las medidas que el Gobierno comprometió durante la firma del protocolo antievasión en abril pasado, se encontraba el aumento de torniquetes en las flotas y más zonas pagas en las calles. Pese a lo ceremonioso del anuncio en aquella oportunidad, ya desde diciembre de 2016 el Ministerio de Transportes gestionaba la adquisición, en un plazo de 6 meses, de este equipamiento, el cual, según pudo constatar Publimetro, significa al Estado un gasto superior a los $2.400 millones.
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La millonaria compra busca disminuir el 31,4% de evasión que registró el sistema durante el primer trimestre de 2017. El no pago ha implicado desde 2008 a la fecha, según el informe de la consultora Mobilitas publicado por El Mercurio, una pérdida cercana a los US $800 millones.
Se trata de 600 validadores adquiridos a Sonda S.A., proveedor de servicios complementarios de sistema, cuyo pago total corresponde a cerca de $1.500 millones: un desembolso inicial de $673 millones, más la cuota mensual por prestación de servicios que acumulará en dos años al menos $900 millones (en UF). Esto equipos fueron destinados a las 100 zonas pagas que mantiene el Ministerio en distintos puntos de la ciudad, así como a aquellas zonas móviles que poseen las empresas.
La otra compra que realizó el Estado corresponde a 650 torniquetes a instalarse en la flota del sistema. La compra de estos implementos también se hizo a Sonda S.A. por $84o millones, distribuidos en un pago inicial de $550 millones sumado a $160 millones cancelados en dos 2 años. La distribución de torniquetes fue de aproximadamente 100 por operador, incluidas aquellas empresas que se negaron a firmar el protocolo con la ministra Paola Tapia (Alsacia y Express).
Según Guillermo Muñoz, director de Transporte Público Metropolitano, la compra de estos equipamientos «tiene su correlato en mayores ingresos y más validaciones» dentro del sistema, esto, de acuerdo a los estudios que ha realizado la autoridad junto a las empresas desde 2016. «Los validadores y torniquetes apuntan a medidas que aportan un mejor costo-eficiencia en el control de la evasión», indicó.
El diputado RN, Leopoldo Pérez, se mostró contrario al gasto fiscal en el Transantiago, al considerar que la responsabilidad en el combate contra la evasión le corresponde «en todo sentido» a los operadores privados del sistema.
«Este gasto debe corresponder a los operadores debido a que ellos son quienes resultan dañados con la evasión al no recibir ingresos por pasajero transportado», aseguró el miembro de la comisión de Transporte de la Cámara, quien agregó a Publimetro que en este caso el ministerio sólo se debe preocupar de legislar el castigo para los evasores, «no entrar en la operación misma ni comprar equipamientos».
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«No es sólo el Estado que está invirtiendo. Hay empresas que por su cuenta instalan más torniquetes y operan zonas pagas móviles. Es un trabajo en conjunto», argumentó Muñoz.
¿Quién gana con la evasión?
Cómo proveedor de servicios complementarios del Transantiago hasta 2019, Sonda S.A. es el proveedor de estas adquisiciones al Estado, que en esta oportunidad le reportarán ingresos superiores a los dos mil millones de pesos. De todas formas, una cifra menor en comparación a los 58 mil millones que obtuvieron como utilidades en 2016 debido a las operaciones que mantienen en 10 países de Latinoamérica.
Sonda es una empresa dedicada desde 1974 a la comercialización de equipos de computación y tecnologías. Su control pertenece a los hermanos Pablo y Andrés Navarro Haeussler, este último cercano a la DC, reconocido empresario y amigo personal del ex Presidente Sebastián Piñera, con quien comparte, por ejemplo, el gusto por pilotear helicópteros. Entre los principales accionistas también destacan las AFP Provida, Capital, Habitat y Cuprum (15,38%).
En 2013, Andrés Navarro se retiró del directorio de la empresa, dejando la presidencia a Mario Pavón Robinson, ingeniero de Sonda desde 1984 y cercano al grupo controlador. Junto su salida, se incorporaron al directorio sus hijos María del Rosario y Andrés Navarro Betteley. En el gobierno corporativo destaca la presencia del ministro de Educación durante la dictadura, Juan Antonio Guzmán Molinari, quien también fuera presidente de SQM -tras la renuncia de Julio Ponce Lerou- y ex director de Alsacia -actual operador del Transantiago-.
