La penetración del narcotráfico en sectores de Costa Rica, como el de la pesca y el agrícola, ha sido evidente en los últimos años, pero la detención de José Fabio Pizarro, un exjefe policial sospechoso de liderar un grupo paramilitar narcotraficante, ha causado sorpresa en el país.
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Costa Rica, un país reconocido mundialmente por su pacifismo, no tiene Ejército desde 1948 y mucho menos guerrillas o grupos paramilitares, o al menos eso se creía.
Pizarro, quien fue director en 2007 de la policía de Costa Rica llamada Fuerza Pública, ejerció ese cargo gracias a su gran preparación y trayectoria policial, mismos conocimientos que años después pondría al servicio de carteles narcotraficantes de Colombia y México, según las investigaciones de las autoridades.
Pocos en Costa Rica se tomaron en serio a Pizarro cuando, ya fuera de cargos policiales, en 2013 anunció la creación de la «Patrulla 1856», un grupo armado paramilitar que decía tener como misión defender la soberanía del país ante una invasión de Nicaragua en momentos en que se recrudecía un litigio limítrofe.
El grupo publicaba en redes sociales sus entrenamientos y los medios de comunicación locales consignaron sus actividades, pero de pronto desapareció del mapa público sin haber hecho movimientos de ataque o cometido delitos, y sin saberse a ciencia cierta cuántas personas fueron entrenadas.
La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) informó recientemente que investigaba al grupo armado desde su formación.
Pizarro, de 51 años, fue arrestado el pasado 21 de junio cuando custodiaba en un camión 237 kilos de cocaína como parte de las operaciones logísticas que desarrollaba para carteles mexicanos y colombianos.
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Las investigaciones indican que el exjefe policial comandaba un grupo narcotraficante dedicado a movilizar cantidades no mayores a los 500 kilos de cocaína desde la capital San José hacia pistas aéreas clandestinas en la provincia de Guanacaste (noroeste) para posteriormente sacar la droga por aire hacia el norte del continente.
La participación de Pizarro dentro de la estructura era de liderazgo de logística operativa. Pizarro debía conseguir personas y vehículos para que la droga, que ingresaba a Costa Rica aparentemente desde Colombia, saliera de un lugar y fuera transportada de forma segura hasta su destino final.
«Él tenía un conocimiento policial de las rutas. No pertenecía a un cartel, sino que su actividad era vender la ruta o el transporte al cartel de droga que mejor le pagara. Esto implica que las drogas se podían mover hacia uno u otro cartel mexicano», dijo a los periodistas el subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto.
El pasado jueves el caso tomó otro giro que confirmó que miembros del grupo paramilitar de Pizarro se habían involucrado en las operaciones narcotraficantes.
Las autoridades detuvieron ese día a cuatro sospechosos de integrar la banda narcotraficante, quienes además pertenecieron a la Patrulla 1856 y recibieron de Pizarro un título que les otorgaba la categoría de cabo «por haber aprobado la primera etapa de formación básica de infantería, Técnica de patrullaje y pruebas de valor».
Los arrestados son de apellidos Quesada Salvatierra, Camacho Calderón, Ureña Quesada y Guerrero Pierce.
Con ellos, las autoridades han detenido a Pizarro y ocho miembros del grupo narcotraficante, pero las investigaciones continúan.
En los últimos años las autoridades costarricenses han confirmado que el narcotráfico ha penetrado flota pesquera y transporte terrestre para movilizar la droga, pero también fincas agrícolas para camuflar la droga en exportaciones y crear pistas de aterrizaje clandestinas.
Como parte de sus esfuerzos para combatir este flagelo, el Congreso de Costa Rica aprobó esta semana en la primera de dos votaciones requeridas, una ley que crea la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
Esta jurisdicción tendrá a cargo la investigación y juzgamiento de los delitos graves y contará con un Juzgado Penal, un Tribunal Penal y un Tribunal de Apelación de Sentencia de Delincuencia Organizada.
Costa Rica decomisa anualmente cerca de 20 toneladas de cocaína y cuenta con el apoyo de Estados Unidos para realizar vigilancia en los océanos, pero es una lucha que parece no tener fin ante el poderío económico y logístico de las organizaciones criminales.
