Lo que aparentemente eran «reacciones aisladas» por parte de las autoridades «en realidad son una estrategia planificada por parte del Gobierno del presidente Maduro de utilizar violencia y fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica», afirmó en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
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Según datos de la Fiscalía, tras 100 días de protestas, en Venezuela se han registrado 91 muertes y cerca de 1.500 heridos, y la situación de conflictividad social -remarca la organización- puede empeorar de cara a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrán lugar el próximo 30 de julio.
En los últimos meses, las fuerzas de seguridad «han empleado fuerza no letal de forma indebida, incluyendo disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes disidentes», señaló AI.
La organización dice que está comprobado que estos actos de violencia tienen como fin «silenciar» a la disidencia, porque las manifestaciones de apoyo al Gobierno se han desarrollado con normalidad y han sido garantizadas por las autoridades.
Además, «se han documentado ataques contra comunidades y personas que no estaban participando en protestas» y hay evidencia de que grupos de civiles armados han agredido a la población civil «con la aquiescencia de las autoridades», como ocurrió en la Asamblea Nacional el pasado 5 de julio.
Maduro también ha impulsado el desarrollo de instancias destinadas exclusivamente «a la persecución de manifestantes y presuntos disidentes», como el llamado «Comando antiterrorista», y ha aumentado la cantidad de integrantes y armas de la milicia bolivariana.
Todo ello señala hacia «una preparación calculada para la implementación de una política de represión violenta», expresó Amnistía.
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Por último, la agrupación remarca que todos esos aspectos se engloban dentro de un «discurso de incitación a la violencia que ha sido promovido y utilizado por el Gobierno venezolano», en el que se identifica a los disidentes como «terroristas, enemigos y traidores a la patria».
«Es fundamental que el Gobierno atienda de manera prioritaria esta dramática situación que enfrentan diariamente miles de personas en el país, en lugar de instaurar un régimen de represión y violencia», concluyó Guevara Rosas.
