La Fiscalía de París se ha alineado con asociaciones de víctimas, que reclaman la retirada inmediata de la venta de la edición de la revista «Paris Match» que salió este jueves a los quioscos con unas fotos del atentado yihadista de Niza, perpetrado el 14 de julio de 2016.
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La Fiscalía no quiso dar detalles sobre su posición, en espera de la audiencia que, por el procedimiento de urgencia, se comenzó a celebrar a las 14:00 hora local (08:00 hora en Chile) en el Tribunal de París.
En el origen de este procedimiento está la demanda de la Federación Nacional de Víctimas de Atentados y de Accidentes Colectivos (Fenvac), que reclamó la intervención del Ministerio Público para poner fin a la divulgación de esas imágenes, cuya utilización considera ilícitas por estar bajo el secreto del sumario.
En las fotografías se ve el camión abalanzándose sobre la multitud que había asistido a los fuegos artificiales de la Fiesta Nacional y atropellando a varios grupos.
El reportaje se completa con algunas instantáneas que tomó el propio yihadista en las horas, en los días o en los meses anteriores al ataque en ese mismo escenario, así como una fotografía en la que aparece él en la cabina del camión muerto por los tiros de los agentes de policía que consiguieron neutralizarlo u otra de las armas que llevaba encima.
El secretario general de la Fenvac, Stéphane Gicquel, se quejó, en declaraciones a la emisora «France Info» de que «Paris Match» exponga «fotos robadas del dossier judicial que muestran todo el horror» de la acción de Lahouaiej Boulhel.
Criticó el «interés mercantil» del semanario con unas imágenes que a su parecer «atentan a la dignidad de las víctimas y de sus allegados»
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El director de la publicación, Olivier Royant, hizo hincapié en que se escogieron tomas de lejos y suficientemente borrosas como para que no se puedan identificar las personas, pero sobre todo insistió en que su intención es totalmente opuesta a la que se les presta en la denuncia.
En declaraciones a «France Info», Royant aseguró que «no queremos que las víctimas sean olvidadas» y que defienden «el derecho de los ciudadanos, y en primer lugar de las víctimas, para saber qué ha pasado».
