El parlamento de Andorra, pequeño país incluido durante un tiempo en la lista «gris» de paraísos fiscales, adoptó un texto que inscribe como delito en el Código Penal la evasión fiscal, informaron este lunes fuentes parlamentarias.
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Cuando las cantidades «evadidas» se sitúen entre 75.000 y 150.000 euros, se prevé una pena de entre tres meses y tres años de prisión.
Para cantidades superiores a 150.000 euros y para los casos más graves, especialmente si los responsables son parte de una organización criminal, las penas pueden ser de entre uno y cinco años.
En todos los casos, las multas variarán según la cantidad objeto de la evasión fiscal.
El texto se adoptó por unanimidad el jueves, con todos los partidos a favor.
En un principio, el gobierno había previsto fijar el umbral mínimo del delito de evasión fiscal en 50.000 euros, pero la oposición reclamaba que fueran 100.000 euros. Tras las negociaciones parlamentarias, el piso se situó en 75.000 euros.
A finales de 2016, el Parlamento de Andorra ya aprobó el intercambio automático de informaciones sobre cuentas bancarias de los no residentes a partir de enero de 2018, dando así un importante paso en materia de transparencia fiscal.
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Gracias a sus esfuerzos de normalización, el pequeño principado, situado entre Francia y España, salió en 2010 de la lista «gris» de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de los paraísos fiscales no cooperantes.
Además, este país de 80.000 habitantes, que tradicionalmente no recaudaba impuestos, empezará a gravar a empresas y particulares (al 10%) e instauró un impuesto al valor añadido de un máximo de 4,5%.