Corea del Norte estaría llevando a cabo ejecuciones públicas en colegios, ríos y supermercados por delitos como el robo menor de arroz, el contrabando de productos desde Corea del Sur o la prostitución. El informe, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Justicia Transnacional de Corea del Sur, informa que las ejecuciones generalmente son extrajudiciales y estarían motivadas por antecedentes familiares o campañas del Gobierno norcoreano para frenar este tipo de conductas.
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Las ejecuciones también se llevarían a cabo en los campos de prisión distribuidos a lo largo de todo el país y tendrían como objetivo la intimidación de los posible fugitivos. La técnica utilizada en todas ellas son los disparos con armas de fuego, aunque algunos testigos aseguran que en algunas ocasiones las víctimas fueron golpeadas hasta la muerte porque el régimen considera “innecesario malgastar las balas”.
La organización surcoreana asegura que su informe se basa en las entrevistas a 375 desertores del régimen de Kim Jong-un y tiene como objetivo documentar las localizaciones de las ejecuciones públicas y de los entierros masivos, algo que no se había hecho antes.
Al poner ubicación a las ejecuciones, esperan contribuir a que aumente la presión internacional para responsabilizar lo que consideran “crímenes contra la humanidad”. “Los mapas y los testimonios que acompañan ayudan a hacerse una idea de la magnitud de los abusos que han tenido lugar durante décadas” aseguró la institución a través de un comunicado.
Corea del Norte rechaza toda acusación de que se estén violando los derechos humanos de sus ciudadano y apunta a que EEUU es el peor violador de derechos humanos del mundo. Sin embargo, en 2014, en un informe la ONU ya denunció que Corea del Norte tiene grandes campos con prisioneros, que la tortura es una práctica habitual y que se hacen ejecuciones comparables a la época nazi.
Sin embargo, desde Pyongyang rechazaron las conclusiones de ese informe, mientras que Rusia y China, dos países con derecho a veto en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se opusieron a que Corea del norte tuviese que declarar ante la Corte Penal Internacional.
