La Fiscalía Regional de O’Higgins comunicó hoy al Juzgado de Garantía de Rancagua que cerró la investigación del caso Caval, tras lo cual el Ministerio Público tiene 10 días para presentar la acusación contra Natalia Compagnon, su socio Mauricio Valero y otros 7 formalizados en la causa y llevarlos a juicio oral, después de dos años y poco más de seis meses de indagatoria.
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Este cierre solicitado por el fiscal regional Emiliano Arias y el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, será discutido este viernes en el tribunal y hasta el momento no hay oposición de los querellantes ni de las defensas, dado lo extensa de la investigación que se originó en enero de 2015, tras la compra de Caval de los terrenos en Machalí por $6.500 millones y su posterior venta en $9.500 millones.
Antonio Garafulic, abogado de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, dijo que “nosotros hemos sostenidos en reiteradas oportunidades que la investigación se encuentra agotada y lo que corresponde es pasar a la etapa de juicio oral”.
“Compartimos el criterio de que esta investigación se encuentra absolutamente terminada, estanos bastante tranquilos y esperamos la resolución del tribunal para ver lo que pasa con la audiencia de este viernes o si se deja sin efecto en virtud de la solicitud del ministerio público”, añadió.
Por su parte, el fiscal nacional Jorge Abbott señaló que “los fiscales han estimado que todas las diligencias de esta investigación sze encuentran concluidas, en consecuencia han procedido a cerrar la misma y hay un plazo de 10 días para presentar una acusación”.
Consultado por la queja que presentó Garafulic para remover del caso al fiscal Aria por falta de objetividad, Abbott informó que “pedimos un informe al fiscal Arias porque nos encontramos con que había tres abogados que habían formulado peticiones similares y le dimos un plazo que se encuentra aún pendientes”.
El cierre sólo tiene que ver con la arista principal y siguen abiertas otras aristas, como la querella del empresario Gonzalo Vial Concha contra la sociedad Caval por estafa. Los imputados por la venta de los terrenos arriesgan penas de entre 61 días a 15 años de presidio.
