Grupos de derechos humanos pidieron el miércoles al presidente de Filipinas que retire una amenaza de ordenar bombardeos contra escuelas indígenas, advirtiendo que un ataque de esa clase supondría un crimen de guerra. El presidente acusó a estos centros de adoctrinar a los alumnos para convertirlos en rebeldes comunistas.
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El derecho humanitario internacional “prohíbe los ataques a escuelas y otras estructuras civiles a menos que se estén utilizando con propósitos militares”, indicó Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, añadiendo que los ataques deliberados contra civiles, incluidos maestros y alumnos, “también son un crimen de guerra”.
La congresista de izquierdas Emmi de Jesus, del Partido de Mujeres Gabriela, pidió a Duterte que retirase su amenaza y señaló que las tropas del gobierno podrían utilizarla como pretexto para atacar escuelas y comunidades de etnia lumad en el sur del país, que se han visto amenazadas por milicias promilitares en los últimos años.
Duterte se ha mostrado indignado por los recientes ataques rebeldes comunistas contra fuerzas del gobierno, incluyendo un tiroteo en la carretera la semana pasada en el resultaron heridos cinco miembros de su guardia presidencial de elite. El presidente ha cancelado las conversaciones de paz con las guerrillas maoístas y amenazado a sus aparentes.
En una rueda de prensa televisada que convocó el lunes por la noche poco después de ofrecer su discurso anual sobre el Estado de la Nación, Duterte arremetió contra los insurgentes por destruir puentes y quemar escuelas en el campo y dijo que estaban dejando ilesas las escuelas lumad, a las que acusó de operar bajo control rebelde sin autorización del gobierno.
“Salgan de ahí, les dijo ahora a los lumad. Los bombardearé, incluidas sus estructuras”, dijo el presidente. “Utilizaré a las fuerzas armadas, a la Fuerza Aérea filipina. De verdad los bombardearé… porque ustedes operan de forma ilegal y enseñan a los niños a rebelarse contra el gobierno”.
“Al pedir un ataque contra escuelas, Duterte está ordenando al ejército que cometa crímenes de guerra”, dijo en un comunicado Carlos Conde, de Human Rights Watch.
