Entre los predios coloniales y andinos de tejas color ocre, en la plaza de Armas de La Paz, dos imponentes edificios se erigen quebrando la armonía del centro histórico. Son los nuevos palacios para el Poder Ejecutivo y Legislativo que construye el gobierno de Evo Morales.
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El presidente indígena, quien subió al poder en 2006 con un discurso izquierdista y anticolonial, tiene actualmente sus oficinas en el Palacio de Gobierno inaugurado en 1852.
Detrás de la estructura con estilo greco-latina a la que también se le conoce como «Palacio Quemado», el gobernante construye su nuevo despacho, bautizado como «la Casa Grande del Pueblo».
La obra colinda con la Catedral Nuestra Señora de La Paz, una de las iglesias más antiguas, con estilo neoclásico y elementos barrocos, que se construyó en 1835.
Allí ya se observa el nuevo palacio presidencial: miles de ladrillos apilados, con columnas de hierro y cemento, para llegar hasta los 28 pisos a un costo estimado de 33 millones de dólares. Aún se observa la obra bruta, que en total tendrá una superficie de 1.877 metros cuadrados. La fecha de entrega se desconoce y ha sido cambiada varias veces.
Al frente del nuevo Palacio de Morales, a metros de la plaza de Armas, está el Congreso bicameral, controlado por el oficialismo, que también construye sus nuevas oficinas: otro edificio de 20 pisos, a un costo estimado de 25 millones de dólares, aunque su avance es más lento.
Cuando estén terminados, ambos edificios estarán entre los tres más altos en el centro histórico de la ciudad, sólo superados por el estatal Banco Central de Bolivia, de 32 pisos construido en la década de 1970, durante gobiernos militares.
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En la plaza de Armas -escenario de golpes civiles y militares, revueltas, fiestas populares y derrotas de dictadores o demócratas- las construcciones son de pocos pisos, de acuerdo con normas municipales.
Una ley para saltar otra
La Ley de Municipalidades establece una serie de requisitos para las construcciones, como el respeto al patrimonio histórico-cultural y arquitectónico, a los valores paisajistas del terreno y que los bienes patrimoniales precolombinos o coloniales se encuentran bajo protección del Estado.
Pero, para salvar eventuales limitaciones legales, el oficialismo aprobó en 2012 otra ley, declarando a los dos nuevos edificios como «prioridad nacional», con lo que se exceptúan de la mencionada ley municipal.
«Hubiéramos preferido que se haga una tarea coordinada, que se escuchen los criterios de los urbanistas, pero saben también que se ha aprobado una ley nacional que ha declarado de prioridad la construcción de estos edificios y está en marcha, ya está ahí», evaluó días atrás el alcalde opositor Luis Revilla.
Además existen otros elementos: una ley de uso de suelos señala que en «kilómetro cero» (la plaza de Armas) y sus alrededores las construcciones no deben ser de más ocho pisos y que en el centro histórico están decenas de construcciones antiguas y coloniales, como la Catedral Metropolitana, los museos de Arte y Etnografía, y de Pedro Domingo Murillo, un prominente luchador independentista.
Obras bajo fuego cruzado
Los dos edificios han motivado en los últimos días acalorados debates entre oficialistas y opositores.
Las nuevas construcciones son «verdaderos engendros especialmente por su desmesurado tamaño» y «monstruos de concreto», opinó el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), historiador y crítico del gobierno, quien consideró que son la «combinación de imposición y megalomanía».
Y «por si hubiera alguna duda del ejercicio arbitrario de ese poder, a pesar de la norma municipal que prohíbe construcciones de tal magnitud en un lugar tan sensible, el gobierno vulneró la norma y construyó», acotó Mesa.
El vicepresidente Alvaro García le replicó. Dijo que hay una «decadencia quejumbrosa de clase que apela a la estética conservadora, como último refugio espiritual ante los cambios históricos que están pasando por encima de ellos».
Para García, las críticas a los predios son «descalificaciones típicas de las clases sociales decadentes» y aseguró que la lucha social no sólo es política y económica, sino también cultural.
