Las pensiones de inutilidad

Por Matías Godoy
  • Director de Economía para todos – www.economiatodos.cl

Nuevamente la atención está centrada sobre las jubilaciones que se pagan en las FF.AA, Carabineros y otras ramas de la Defensa. Un reportaje dio a conocer que se están pagando pensiones superiores a los $6 millones por concepto de invalidez, denominadas de “inutilidad”, a ex uniformados y funcionarios sanos. Dentro de los beneficiarios se encuentra Augusto Pinochet Hiriart, ex agentes de la CNI y reos de Punta Peuco.

Las “pensiones de inutilidad” son jubilaciones que pueden obtener ex uniformados o funcionarios de las FF.AA y de Orden al declarar enfermedades que les impidan seguir en servicio. Existen 3 clases de inutilidad: la primera corresponde a enfermedades que imposibiliten seguir en servicio activo en la Defensa Nacional; la segunda clase corresponde a enfermedades que, además de impedir seguir en servicio, disminuyan parcialmente la capacidad de la persona de trabajar en el sector privado; finalmente, la tercera clase corresponde a enfermedades que impidan definitivamente trabajar en cualquier parte.

Mensualmente Capredena (la “AFP” de las FF.AA.) paga $5.526 millones en jubilaciones de inutilidad. Cerca del 96% de estas pensiones corresponden a segunda clase. Muchas de ellas no tienen tope, por lo que dentro de las 20 pensiones más altas se encuentran montos que varían entre los $6,8 y $4 millones mensuales.

Los resultados de la evaluación médica de la “inutilidad” es reservada. Además, se puede optar al beneficio estando en servicio o inclusive ya jubilado por otras razones. Finalmente, quienes gocen del beneficio pueden seguir trabajando y complementar su jubilación con salarios. Es el caso de un General (r) de la Fach, quien recibe $6,8 millones por inutilidad, pero además un salario de abogado por trabajar en un estudio jurídico.

La legislación no obliga a que los diagnósticos sean revisados cada cierto tiempo, por lo que no es obligación determinar si la enfermedad se curó. Jubilaciones en el ojo de Contraloría desde abril, pero que tras su exposición mediática, hoy se espera que sean revisadas más que nunca, toda que vez que $9 de cada $10 pesos pagados a ex uniformados provienen de nuestros impuestos.

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