La noche de esta martes, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó en particular y despachó a la sala las mociones que buscan modificar aspectos de la polémica ley de estacionamientos.
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Frente a esto, la Cámara Chilena de Centros Comerciales rechazó los términos en que fueron aprobadas las modificaciones, entre las que están reponer un periodo de gratuidad a todo evento.
“Deploramos que en un periodo preelectoral se pretenda aprobar normas que, por su naturaleza e impacto, requieren un debate serio y acucioso”, dijo la entidad.
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A juicio del gremio, lo propuesto «bajo la apariencia de favorecer a los consumidores, terminará perjudicándolos, por cuanto implicará la paulatina disminución de la oferta de este servicio, al imponérsele condiciones contrarias a la racionalidad económica ya que establecería, en la práctica, la fijación de precios y la imposición de gratuidad a un servicio fruto de una inversión legítima, realizada por particulares para servir a sus clientes».
En esa línea, la organización acusa que fijar 30 minutos de gratuidad y 2 horas si es que se compra algo en el centro comercial, «distorsiona el valor de mercado del servicio y fomenta el uso del automóvil, contrariando toda las recomendaciones de los expertos».
La Cámara además acusa que este cambio perjudicaría a aquellos consumidores que concurren por otros medios a los centros comerciales que, según datos de la industria, representan del orden del 70% de las visitas, «quienes en definitiva terminarían subsidiando a quienes concurren en vehículo.»
Insistieron que “si, en la práctica, se elimina el cobro del servicio, ello implicará que terceros ajenos (no clientes ni usuarios de los Centros Comerciales), utilicen los estacionamientos en desmedro de clientes reales, que verían dificultado su acceso a estacionar cuando concurran efectivamente a los Centros Comerciales. «Ello llevará, tarde o temprano, a disminuir drásticamente la oferta de un servicio cuyo valor económico no es reconocido por el legislador y cuya inversión sería imposible de recuperar”.
El gremio también acusa que la iniciativa es inconstitucional «ya que sería la primera norma legal que fija precios de transacciones privadas en los últimos 40 años y constituiría, en la práctica, una prohibición para el ejercicio de esta actividad económica, a pesar que el orden público económico chileno no permite imponer restricciones legales para el cobro de un servicio privado”.
En ese sentido, aseguran que tambié se atenta contra la esencia del derecho de propiedad, «es discriminatorio al imponer una carga legal sólo a los Centros Comerciales y, si fuera finalmente aprobado, generaría un precedente que tendría un hondo impacto en la confianza de los inversionistas en nuestro país”.