Menem se queda sin senatorial: autoridad electoral argentina impugna pre candidatura del ex presidente

La Cámara Nacional Electoral de Argentina decidió el lunes impugnar la precandidatura del ex presidente Carlos Menem, que busca un nuevo periodo como senador de La Rioja en las primarias del próximo domingo, lo que evitaría una sentencia a prisión.

La autoridad electoral tomó la decisión porque sobre Menem (86) pesa una condena de 7 años de prisión por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Salvo una maniobra judicial de último momento, Menem no podrá volver a ser electo en los comicios del 22 de octubre.

Debe dejarse sin efecto la oficialización de la precandidatura impugnada (de Menem)»

«Debe dejarse sin efecto la oficialización de la precandidatura impugnada (de Menem), debiendo en consecuencia la lista ‘La Rioja Federal’ del Frente Justicialista Riojano proceder a su adecuación», dijo la Cámara Nacional Electoral en su escrito, que falló en contra de un juez electoral y de la fiscalía.

Siete años de prisión

Surgido del movimiento peronista, Menem fue presidente de la tercera economía de América Latina a finales del siglo pasado, cuando llevó a cabo profundas reformas neoliberales. Desde 2005, es senador por la provincia de La Rioja (noroeste), su tierra natal.

Menem fue condenado en 2013 a siete años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 14 años por contrabando de armas a Croacia y a Ecuador mientras ejercía su mandato. En el primer caso, pesaba un embargo internacional y en el segundo Argentina era garante de la paz en el conflicto con Perú.

Su condena fue confirmada a finales de junio por la Cámara de Casación Penal, el más alto tribunal penal, pero actualmente la Corte Suprema está revisando un último recurso presentado por el político.

Hasta ahora sus fueros parlamentarios impiden que pueda ser detenido y por su avanzada edad podría solicitar el beneficio del arresto domiciliario.

Menem es además uno de los acusados en un juicio iniciado en 2015 por el supuesto desvío de pruebas en la investigación del peor atentado de la historia argentina, que destruyó la sede de la mutual judía AMIA en 1994 y dejó 85 muertos y 300 heridos.